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Por acuerdo entre el Gobierno de las Illes Balears y el Consejo Insular correspondiente, se creará una comisión paritaria cuya misión será hacer efectivo el traspaso de la documentación y de los medios personales y materiales que esta Ley determina, así como garantizar que los expedientes en trámite se resuelvan en los plazos establecidos en la legislación vigente.
1. Los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera se subrogan, a partir de la efectividad de la atribución de competencias que prevé esta Ley, en los derechos y en las obligaciones de la Administración de las Illes Balears relativos a las competencias atribuidas en esta norma.
2. A partir de la fecha de efectividad de la atribución de las competencias descritas en esta Ley, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materia de carreteras deben substanciarse ante la Administración insular pertinente, la cual debe hacerse cargo del pago que corresponda.
1. Los funcionarios y el personal laboral de la Comunidad Autónoma, procedentes de la Administración General del Estado o de otro organismo o institución pública, o que hayan ingresado directamente, que con la atribución de competencias a los Consejos Insulares sean traspasados a éstos, mantendrán los derechos que les corresponden, incluido el de participar en los concursos de traslado que convoque la Comunidad Autónoma, en igualdad de condiciones que el resto de los miembros de la misma categoría o del mismo Cuerpo, para que puedan mantener así el derecho permanente de opción.
2. El personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que a causa de la atribución de competencias a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera sea traspasado, y que en el momento de la entrada en vigor de esta Ley esté afectado por un proceso de funcionarización, mantendrá su derecho a continuar participando en este proceso, con el compromiso de los Consejos Insulares de asumir el cambio de relación jurídica que resulte de la resolución del citado proceso.
Será gratuita la publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» de los anuncios, los acuerdos y demás documentos exigidos por el ordenamiento jurídico, como consecuencia del ejercicio, por parte de los Consejos Insulares, de las competencias atribuidas por esta Ley.
Los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera se subrogan en los bienes, los derechos y las obligaciones que hasta ahora correspondían a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en relación con los bienes que se señalan en el anexo II de esta ley.
1. Queda modificado el primer párrafo del punto 2 del artículo 5 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, que pasa a tener la siguiente redacción: «La titularidad de las redes primaria y secundaria corresponde a los Consejos Insulares».
2. Queda sin contenido el punto 4 del artículo 19 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo. En el supuesto de conflictos entre el organismo titular o gestor de la carretera y uno o más Ayuntamientos afectados, las discrepancias deben plantearse ante la Conferencia Sectorial en Materia de Carreteras. Únicamente en el supuesto de que no se pueda llegar a un acuerdo en el seno de la misma, la aprobación definitiva del estudio, anteproyecto o proyecto corresponderá al Gobierno de las Illes Balears.
3. Queda modificado el punto 2 del artículo 23 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de manera que donde decía: «No obstante, en las travesías cuya explotación corresponda a la Comunidad Autónoma o al Consejo Insular...», pasa a decir: «No obstante, en las travesías cuya explotación corresponda al Consejo Insular...».
4. Queda modificado el punto 3 del artículo 23 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de manera que donde dice: «En caso de discrepancia entre una u otra Administración resolverá el Consejo de Gobierno o el Pleno del Consejo Insular según la red de que se trate», pasa a decir: «En caso de discrepancia entre una y otra Administración, la resolverá el Pleno del Consejo Insular».
5. Queda modificado el punto 2 del artículo 24 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de manera que donde dice: «Las tarifas deben aprobarse por el Consejo de Gobierno o por el Pleno del Consejo Insular que ostente la titularidad», pasa a decir: «Las tarifas deben ser aprobadas por el Pleno del Consejo Insular que tenga la titularidad».
6. Queda sin contenido el punto 2 del artículo 45 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo. Dado que en esta Ley se transfieren la función inspectora y sancionadora en materia de carreteras, corresponden a los Consejos Insulares, en su ámbito territorial, la instrucción de expedientes y la imposición de sanciones a través de los órganos que el Pleno de cada Consejo Insular determine en el reglamento orgánico correspondiente. En todo caso, la imposición de sanciones muy graves es competencia del Pleno.
7. Queda sin contenido el punto 1 de la disposición adicional primera de la Ley 5/1990, de 24 de mayo. En el supuesto de conflictos entre las Administraciones responsables de competencias relativas a las carreteras de las Illes Balears, las discrepancias deben plantearse ante la Conferencia Sectorial en Materia de Carreteras. Únicamente en el supuesto de que no se pueda llegar a un acuerdo en el seno de la misma, resolverá el conflicto el Gobierno de las Illes Balears, oídas todas las partes implicadas.
(Disposición derogada por la LEY 3/2014)
(Disposición derogada por la LEY 3/2014)
(Disposición derogada por la LEY 3/2014)
(Disposición derogada por la LEY 3/2014)
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