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| ESTE ES EL TEXTO PUBLICADO INICIALMENTE EN EL BOPV DE 7/2/95 |
Las competencias en materia de carreteras y caminos, reconocidas a los Territorios Históricos tanto en. el Estatuto de Autonomía del País Vasco -art. 10.34- como en la denominada Ley de Territorios Históricos -art. 7.a.8-, han constituido siempre y constituyen hoy una parte importante de la imagen de la Moralidad, del régimen peculiar de autogobierno al que el Pueblo Vasco nunca ha renunciado.
En ejercicio de estas competencias la Diputación Foral y los Ayuntamientos de Guipúzcoa -como las Instituciones de Alava, Vizcaya y Navarra- han administrado a lo largo de los siglos -y con tan sólo la interrupción parcial correspondiente al período franquista- la totalidad de la red de carreteras y caminos del Territorio, red que durante mucho tiempo, pese a las dificultades orográficas de nuestra geografía, fue modelo de planificación, construcción y mantenimiento.
La labor realizada a lo largo de la historia por estas Instituciones y, en concreto, por las de Guipúzcoa no se limitó a planificar, construir y mantener las carreteras y caminos sino que tuvo siempre la preocupación de defenderlos mediante el dictado de normas que fueron en su tiempo modelo de otras muchas.
Recuperadas las competencias perdidas y transferida a los órganos forales la titularidad de las carreteras del Territorio, se considera procede que estas Juntas Generales ejerzan ahora su peculiar potestad normativa estableciendo para las carreteras y caminos de Guipúzcoa un régimen privativo moderno y eficaz que, firmemente entroncado en la historia pero atento a las innovaciones normativas más actuales de otros países sobre la materia, sirva para salvaguardar y fomentar este importante patrimonio público, haciéndolo lo más adecuado a nuestro medio físico y social y a las actuales demandas de los ciudadanos, que, hoy más que nunca, exigen una red de comunicaciones segura, rápida y cómoda.
Como objetivos más concretos, la Norma Foral se propone los siguientes:
La Norma Foral se desarrolla en un Título Preliminar y otros seis Títulos, además de sus Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatoria y Finales.
El Título Preliminar, de Disposiciones Generales, fija en primer lugar el objeto y fines de la Norma y, tras definir los conceptos de carretera y camino, establece la clasificación de las carreteras tanto desde el punto de vista de su titularidad como por su funcionalidad, tipología y características técnicas. En este Título Preliminar se desarrolla, además, el régimen demanial de los bienes públicos objeto de la Norma, estableciendo su alcance, inventario y protección y el régimen de desafectación, cesión y traspasos de titularidad.
El Título I, sobre la planificación de las carreteras, prevé la redacción de un Plan Territorial de Carreteras de Guipúzcoa que sirva para establecer los objetivos generales y las características geométricas a que deberán tender las carreteras según su clasificación y, en especial, para fijar los programas de las actuaciones a realizar en un determinado período de tiempo en orden a la consecución de los citados objetivos. Este Plan, que tendrá la naturaleza de Plan Territorial Sectorial a efectos de lo previsto en la legislación de ordenación del territorio del País Vasco, deberá coordinarse con la planificación económica y con la planificación territorial. Se prevé también la redacción de Planes Municipales de Carreteras y Caminos con objetivos semejantes a nivel municipal y que, en este caso, tendrán la naturaleza de Planes Especiales a efectos de lo dispuesto en la legislación urbanística.
El Título II se ocupa en primer lugar de la construcción y mejora de las carreteras y caminos. Se regula el contenido de los proyectos que habrán de aprobarse para la ejecución de obras, su tramitación y aprobación y los efectos que producirá dicha aprobación. Especial mención merece la regulación de los denominados "Proyectos Previos", destinados a anticipar en el tiempo los efectos de la aprobación de los Proyectos de Construcción.
Junto con la construcción y mejora, se regula también en este Título el importante tema de la explotación de las carreteras y caminos. Aunque se prevé que lo normal será que dicha explotación se realice directamente por la Administración, queda abierta la posibilidad a otras fórmulas de gestión. En cualquier caso, se establece la obligación de que los responsables de la explotación formulen planes de conservación periódicos en los que se concreten las actuaciones a realizar con atención especial a los problemas de la seguridad vial.
El Título III contempla el uso de las carreteras y caminos. La Norma establece que están abiertos al uso público sin más limitaciones en principio que las derivadas de la legislación de general aplicación. Se prevé no obstante la posibilidad de establecer limitaciones singulares siempre que las circunstancias de la infraestructura viaria, del tráfico o incluso del entorno así lo aconsejen. En lo que se refiere a otros usos o aprovechamientos del dominio público, se establecen importantes limitaciones a fin de asegurar la debida protección de las infraestructuras viarias.
El Título IV regula las limitaciones y servidumbres en las zonas colindantes con las carreteras y caminos. La protección de las carreteras y caminos exige limitar los usos en las zonas colindantes a fin de garantizar objetivos tan importantes como la seguridad del tráfico o el tratamiento del entorno de las infraestructuras viarias. En el Título se establecen prohibiciones absolutas, como la de la publicidad, o distancias mínimas a respetar por las construcciones que se realicen junto a las carreteras y caminos.
En el Título V se establecen las normas de intervención y control que se estiman necesarias para asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en los precedentes Títulos. En primer lugar se someten a autorización o concesión la edificación y, en general, la ejecución de toda clase de obras o usos del suelo en las zonas de dominio público y protección de las carreteras y caminos de Guipúzcoa, estableciéndose en los correspondientes preceptos el procedimiento y régimen jurídico de dichas autorizaciones.
Se recogen también en este Título V las facultades de la Administración para dictar órdenes de ejecución en garantía de la seguridad de las vías de comunicación y sus usuarios.
En lo que respecta a las relaciones interadministrativas, se establecen además los necesarios mecanismos de coordinación a través principalmente de informes preceptivos y en su caso vinculantes, que habrán de servir para garantizar un correcto ejercicio de las distintas competencias concurrentes, especialmente las relacionadas con el tráfico y la seguridad vial y la planificación y la gestión urbanística.
En el Título VI, por último, se establece todo un conjunto de medidas de protección y defensa de las carreteras y caminos destinadas a disuadir de la infracción y sancionarla en su caso.
Se trata, en conclusión, de una Norma que pretende regular de forma completa la planificación, proyecto, financiación, construcción, conservación, uso y explotación tanto de las carreteras como de los caminos de Guipúzcoa y que conlleva por ello importantes implicaciones tanto respecto a las facultades de las distintas Administraciones Públicas con responsabilidades en la materia como respecto al régimen de las propiedades colindantes con el dominio público viario.
Su objetivo no es sino el dotar de un adecuado régimen jurídico a una materia cuya trascendencia para el presente y porvenir de nuestra tierra es tan reconocida que no requiere mayor justificación.
Por ello, estas Juntas Generales, en uso de las potestades y competencias que a tal efecto se derivan de lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía (apartados 7, 8 y, en especial, 34 de su artículo 10) y en la Ley de Territorios Históricos (números 7, 9 y, en especial, 8 del apartado a) de su artículo 7), dictan la presente Norma Foral, en la confianza de que sus mandatos habrán de servir con eficacia para garantizar en Guipúzcoa una adecuada y moderna red de comunicaciones sin merma para el medio.
1. La presente Norma Foral tiene por objeto establecer el régimen jurídico privativo de las carreteras y caminos de Guipúzcoa.
2. En virtud de las facultades y competencias reconocidas al Territorio Histórico, el régimen jurídico privativo de las carreteras y caminos de Guipúzcoa se extiende a todos los aspectos relacionados con la planificación, financiación, proyecto, construcción, modificación, conservación, explotación, uso y defensa de dichas carreteras y caminos así como a los relacionados con la integración de los mismos en su entorno.
1. A los efectos de esta Norma son "carreteras" todas las vías o infraestructuras de comunicación terrestre de titularidad pública proyectadas, construidas o acondicionadas para la circulación de vehículos automóviles y destinadas al uso público.
2. Son "caminos" a los efectos de esta Norma todas las vías de comunicación terrestre de titularidad pública destinadas al uso público, cuando, por no encontrarse pavimentadas o por no reunir los requisitos y características técnicas normales de las proyectadas, construidas o acondicionadas para la circulación de vehículos automóviles, no puedan calificarse de carreteras.
Las pistas rurales y forestales de titularidad pública, aunque se encuentren pavimentadas, tienen a efectos de esta Norma el carácter de "caminos".
3. No son "carreteras" ni "caminos" a efectos de esta Norma:
4. Todos los viales y vías de comunicación terrestre abiertos al usa público se presumen de titularidad pública.
1. Pertenecen a la Diputación Foral las carreteras incluidas en el Catálogo de la Red de Carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
2. El resto de las carreteras y caminos objeto de esta Norma son de titularidad municipal.
Sin perjuicio de la superior potestad de las Juntas Generales de Guipúzcoa para dictar normas de general aplicación y de las específicas competencias atribuidas a las mismas por esta Norma Foral, la planificación, construcción, modificación, conservación, explotación y defensa de las carreteras y caminos de Guipúzcoa corresponden a las Administraciones titulares de los mismos.
Las carreteras y caminos de Guipúzcoa se clasifican según su titularidad, según su funcionalidad y según su tipología y características técnicas.
1. La Diputación Foral de Guipúzcoa mantendrá permanentemente actualizado el Catálogo de la Red de Carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa.
El Catálogo de la Red de Carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa contendrá la relación detallada y la clasificación de todas las carreteras de las que la Diputación Foral es titular con expresión de su identificación y denominación oficial.
El Catálogo de la Red de Carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa y cuantas actualizaciones se realicen del mismo deberá publicarse en el Boletín Oficial de Guipúzcoa.
2. Los Municipios de Guipúzcoa aprobarán y mantendrán también actualizado el Catálogo de sus carreteras y caminos, que servirá de base para el inventario a que posteriormente se hace referencia en esta Norma.
3. La identificación y denominación de las carreteras se realizará de acuerdo con lo establecido por las Instituciones Comunes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y en coordinación con los territorios limítrofes.
Las carreteras y caminos de Guipúzcoa son bienes de dominio y uso público, por lo que no son enajenables, embargables ni prescriptibles. Ni su titularidad ni las actuaciones públicas destinadas a su construcción, conservación o explotación están sometidas a tributo alguno.
1. Forman parte de las carreteras y, por tanto, del dominio público viario, además de la calzada o superficie destinada al tráfico rodado, todos los elementos de su explanación tales como arcenes, bermas, cunetas, paseos, taludes y terraplenes, los muros de sostenimiento y contención, puentes, viaductos, túneles, estructuras y demás obras de fábrica y, en general, todos los elementos construidos en función de la carretera.
2. También forman parte de la carretera y, por tanto, del dominio público viario los terrenos de titularidad pública situados por encima y por debajo de la carretera y a ambos lados de la misma en una anchura de ocho metros en las Autopistas, Autovías y Vías Rápidas y, en general, en todas las carreteras de la Red de Interés Preferente (Red Roja), y de tres metros en las restantes carreteras medidos a partir de la línea exterior de la explanación.
3. También forman parte del dominio público viario por su carácter de elementos funcionales de las carreteras:
4. El dominio público viario de los caminos se extiende a toda su explanación, incluidas sus estructuras, muros, obras de fábrica y demás elementos funcionales.
5. A efectos de lo previsto en esta Norma Foral todos los terrenos de dominio público viario de una carretera o camino constituyen su "zona de dominio público".
1. La Diputación Foral así como los Ayuntamientos de Guipúzcoa dispondrán en todo momento de un inventario de las carreteras, caminos y demás bienes inmuebles que integran el dominio público viario de su titularidad.
El inventario deberá contener la descripción de cada carretera o camino, con indicación lo más exacta posible de su longitud, límites inicial y final y características generales, incluyendo, a poder ser, los documentos de deslinde de los citados bienes.
2. El inventario deberá aprobarse formalmente y rectificarse cuando así resulte necesario para asegurar su debida actualización.
3. Para la inscripción de las carreteras y caminos de Guipúzcoa en el Registro de la Propiedad será documento suficiente la certificación administrativa del funcionario que ostente la facultad de fe pública en la Administración titular, en la que, en base al Inventario debidamente aprobado, se describa con suficiencia el bien de que se trata.
1. Los terrenos de dominio público viario sólo quedarán desafectados del mismo mediante resolución expresa y previa información pública del expediente en el que se acrediten la legalidad y oportunidad de la desafectación.
No producirán la desafectación del dominio público viario el uso o las utilizaciones privadas, por prolongadas que hayan sido en el tiempo.
2. Los Planes de Ordenación y Proyectos de obras que impliquen la sustitución de determinados tramos de carreteras o dejen sobrantes no producirán por sí mismos la desafectación, continuando los terrenos sustituidos o sobrantes afectos al dominio público viario mientras no se resuelva expresamente en sentido contrario previo el oportuno expediente tramitado conforme a lo previsto en el anterior apartado de este artículo.
La desafectación de los caminos podrá realizarse tácitamente por sustitución de los existentes mediante la construcción de nuevos viales en ejecución de proyectos o planes urbanísticos debidamente aprobados.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, y sin desafectación expresa, podrán realizarse por la Administración titular permutas de bienes hasta entonces afectos al dominio público viario siempre que los bienes adquiridos sean de valor semejante y pasen a integrar dicho dominio público.
4. Los actos de desafectación y permutas deberán hacerse constar en los correspondientes Inventarios de Carreteras y Caminos y, en su caso, en los Catálogos.
1. Las carreteras de titularidad municipal podrán integrarse en la Red de Carreteras de la Diputación Foral cuando resulten de interés para completar dicha Red.
El traspaso de una carretera a la Diputación Foral implicará el traspaso de sus elementos funcionales pero no necesariamente el de otras instalaciones existentes, que quedarán en principio de titularidad municipal.
2. Las travesías y tramos de carreteras de la Diputación que dispongan de una variante o itinerario alternativo pasarán a titularidad municipal cuando así lo disponga la Administración Foral.
3. Las carreteras de la Red Local (Redes Amarilla y Gris) de la Diputación Foral que en su totalidad o en su mayor parte tengan carácter urbano serán también traspasadas por la Diputación, éstas en toda su longitud, al Municipio o Municipios respectivos.
4. Las citadas carreteras de la Red Local (Redes Amarilla y Gris) podrán también ser objeto de traspaso al Municipio o Municipios respectivos cuando a juicio de la Diputación Foral la carretera carezca de interés supramunicipal.
5. El traspaso de las carreteras requerirá acuerdo expreso de la Diputación Foral sobre su inclusión o exclusión del Catálogo previa audiencia del Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados y se perfeccionará por su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa, sin necesidad de acta de entrega.
6. La entrega de una carretera o tramo de ella como consecuencia de los traspasos previstos en los anteriores apartados deberá realizar-se siempre en adecuado estado de conservación.
1. Las actuaciones de las distintas Administraciones Públicas con incidencia en las carreteras y caminos de Guipúzcoa se llevarán a cabo de conformidad con los principios de coordinación, colaboración, información mutua y respeto de sus competencias respectivas.
2. Los Ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias urbanísticas y medioambientales, deberán velar por el cumplimiento de esta Norma Foral, aplicándola en todo caso como propia de la ordenación urbana o territorial de su Municipio.
Los Ayuntamientos denegarán toda licencia urbanística o de actividad para obras o actuaciones que se opongan a lo dispuesto en esta Norma.
3. Sin perjuicio de su titularidad, la Diputación Foral y los Ayuntamientos podrán establecer acuerdos y convenios de colaboración en orden a la mejora y mantenimiento de las carreteras y caminos, principalmente en el caso de travesías, en los términos que reglamentariamente se establezcan.
La planificación de las carreteras y caminos de Guipúzcoa podrá realizarse mediante los siguientes instrumentos:
1. La planificación de las carreteras y caminos de Guipúzcoa respetará los contenidos obligatorios del Plan General de Carreteras del País Vasco y se establecerá en coordinación con la planificación económica, territorial y urbana de la Comunidad Autónoma.
La coordinación con la ordenación territorial y urbana se llevará a cabo en los términos previstos en la legislación reguladora de la ordenación del territorio del País Vasco y en la presente Norma Foral.
2. La planificación de las carreteras y caminos de Guipúzcoa deberá además coordinarse con los Planes y proyectos de los territorios limítrofes en lo que se refiera a actuaciones con mutuas incidencias.
1. El Plan Territorial de Carreteras de Guipúzcoa tendrá por objeto:
2. El Plan Territorial de Carreteras de Guipúzcoa tendrá la naturaleza de Plan Territorial Sectorial a los efectos de lo dispuesto en la legislación de ordenación territorial del País Vasco.
1. El Plan Territorial de Carreteras de Guipúzcoa será formulado por la Diputación Foral y tramitado conforme a lo previsto en la legislación de ordenación del territorio del País Vasco para los Planes Territoriales Sectoriales.
2. La aprobación definitiva del Plan Territorial de Carreteras de Guipúzcoa se realizará por Norma Foral de las Juntas Generales.
3. Antes de su remisión a juntas, el Plan Territorial de Carreteras de Guipúzcoa será sometido a los siguientes trámites:
4. Para su entrada en vigor, el Plan Territorial de Carreteras en su contenido dispositivo deberá publicarse íntegramente en el BOLETIN OFICIAL de Guipúzcoa, ello sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
1. El Plan Territorial de Carreteras de Guipúzcoa será vinculante tanto para las Administraciones Públicas como para los particulares.
2. En lo que se refiere a la Diputación Foral,
A efectos de lo dispuesto en este apartado no se entenderán como nuevas carreteras los ensanches y mejoras y los acondicionamientos y modificaciones que no supongan una alteración sustancial del trazado de carreteras ya existentes.
3. Los Planes Municipales de Ordenación Territorial y Urbana quedarán vinculados a las determinaciones y previsiones del Plan Territorial de Carreteras en los términos previstos en la legislación de ordenación territorial del País Vasco.
4. Los Planes Municipales de Carreteras y Caminos no podrán contener determinaciones que contradigan las del Plan Territorial.
1. En la Norma Foral que apruebe el Plan se establecerán las determinaciones del mismo que la Diputación Foral podrá modificar, previa información pública o sin ella y dando simple cuenta a las Juntas Generales, y las que en todo caso deberán ser aprobadas por las juntas previa información pública.
2. El Plan Territorial de Carreteras deberá adecuarse en todo momento a los recursos económicos disponibles.
3. Con independencia de las modificaciones que durante su vigencia se introduzcan, el Plan Territorial de Carreteras de Guipúzcoa deberá revisarse cuando sobrevinieron circunstancias que así lo aconsejen y, en todo caso, con un año de antelación respecto a la fecha de finalización de los plazos de sus programas de actuación.
4. Para la revisión del Plan Territorial de Carreteras se seguirán los mismos trámites que para su aprobación primera.
5. Cuando en el Plan General de Carreteras del País Vasco se introduzcan contenidos obligatorios no contemplados en el Plan Territorial, dichos contenidos prevalecerán sobre lo previsto en el mismo, debiendo inmediatamente procederse a su modificación o revisión en los términos anteriormente establecidos.
1. Los Municipios de Guipúzcoa podrán también redactar para sus carreteras y caminos Planes Municipales de Carreteras y Caminos con el mismo o similar objeto que el del Plan Territorial de Carreteras de Guipúzcoa.
2. Los Planes Municipales de Carreteras y Caminos tendrán la naturaleza de Planes Especiales con los efectos previstos en la legislación urbanística vigente.
3. De conformidad con su naturaleza, los Planes Municipales de Carreteras y Caminos se tramitarán conforme a lo dispuesto para los Planes Especiales en la legislación urbanística.
1. Para la ejecución de obras de construcción, conservación y mejora de las carreteras y caminos y en los casos previstos en la legislación reguladora de la contratación pública deberá aprobarse previamente el correspondiente Proyecto técnico de Construcción en el que se definirán de forma completa y con el detalle suficiente las obras a realizar.
2. Los Proyectos de Construcción deberán ajustarse a las normas técnicas de obligado cumplimiento en la Comunidad Autónoma y, en función de la naturaleza de las obras, contener todos los estudios necesarios de carácter geológico y geotécnico, hidrológico, de estructuras y de tráfico y seguridad, a fin de evitar imprevistos y problemas tanto en su ejecución como en su posterior funcionamiento.
3. Las obras proyectadas deberán respetar y armonizar de forma adecuada con el medio natural o urbano donde se emplacen, debiendo los Proyectos prever siempre los trabajos de recuperación y restauración del entorno y espacio natural afectado con atención especial a los temas agua y suelos.
Cuando se trate del Proyecto de Construcción de una nueva carretera o de la modificación sustancial del trazado y características de una preexistente se deberá incluir, además, como tu documento diferenciado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, en el que se analizarán el entorno del Proyecto, las interacciones entre las obras proyectadas y dicho entorno y las medidas correctoras previstas para reducir las repercusiones negativas de las mismas.
En cumplimiento de lo previsto en la legislación protectora del patrimonio cultural, en el Estudio de Impacto Ambiental de los proyectos que puedan afectar directa o indirectamente a bienes integrantes de dicho patrimonio, la Administración responsable de su redacción garantizará la adecuada evaluación de dicha afección.
Las medidas de revegetación, restauración del medio y corrección del impacto recogidas en el Estudio de Impacto Ambiental se incluirán en las obras del proyecto para su ejecución dentro del mismo o se proyectarán de forma simultánea e independiente cuando así resulte conveniente para su mejor efectividad.
4. Los Proyectos de Construcción de nuevas carreteras o variantes de carreteras de la Red Roja o Naranja incluirán, además, la previsión de apartaderos y áreas de servicio y descanso cuando así se estime necesario.
5. Los Proyectos de Construcción contendrán en su caso la determinación, con su relación concreta e individualizada a efectos de legitimación de expropiaciones, de la totalidad de los terrenos, construcciones y otros bienes o derechos a que afecten y que se estime preciso ocupar o adquirir.
1. Cuando las obras supongan nuevas afecciones de suelo, el Proyecto de Construcción deberá someterse, antes de su aprobación definitiva, a información pública por plazo de un mes.
Sólo se excepcionan de lo así dispuesto los Proyectos de pequeñas mejoras locales cuando el suelo afectado pertenezca ya a la Administración actuante.
2. La información pública se anunciará en el BOLETIN OFICIAL de Guipúzcoa y en uno al menos de los periódicos de mayor difusión en el Territorio.
3. Durante la información pública cualquier persona podrá conocer el Proyecto y formular sugerencias o alegaciones sobre el interés de las obras, su concepción y su compatibilidad con el medio.
4. Del Proyecto sometido a información pública se dará también audiencia a los demás Departamentos y Organismos Públicos que puedan resultar afectados en sus competencias respectivas y, en especial y en su caso, a los Ayuntamientos afectados para que en el plazo citado informen sobre su conformidad o disconformidad con el Proyecto y formulen en su caso las alegaciones o sugerencias que estimen oportunas.
5. Los Proyectos de autopistas y autovías que supongan un nuevo trazado así como los de nuevas carreteras de la Red Roja deberán someterse además a "Declaración de impacto ambiental" de acuerdo con la normativa aplicable.
No se entenderán como nuevas carreteras a estos efectos las variantes de poblaciones previstas en el planeamiento urbanístico.
6. Realizados los trámites de los apartados anteriores, la Diputación Foral o el Ayuntamiento competente, vistas las alegaciones, sugerencias o indicaciones que en su caso se hayan podido formular, decidirá sobre la ejecución de las obras, procediendo, en su caso, a aprobar definitivamente el Proyecto tramitado.
7. La aprobación del Proyecto, si existe disconformidad de algún Ayuntamiento, deberá realizarse en forma motivada.
8. Cuando los Proyectos no supongan nuevas afecciones de suelo los trámites de información pública y audiencia previa a los Ayuntamientos serán potestativos.
1. La aprobación de los Proyectos de Construcción por la Diputación Foral o los Ayuntamientos, siempre que los mismos se hayan tramitado conforme a lo previsto anteriormente, facultará para la inmediata ejecución de las obras previstas en los mismos.
La ejecución inmediata de las obras previstas podrá realizarse aunque exista disconformidad con el planteamiento urbanístico en vigor si el Proyecto desarrolla actuaciones previstas en el Plan Territorial de Carreteras.
2. Los Proyectos aprobados producirán además la reserva del suelo afectado durante un plazo de cinco años.
Durante dicho plazo no se concederán por ninguna Administración autorizaciones, permisos o licencias de edificación o usos permanentes de suelo incompatibles con las previsiones del Proyecto.
Las limitaciones previstas en los Títulos III y IV de esta Norma respecto a las zonas de dominio público y protección regirán como si la carretera existiera en la forma prevista en el Proyecto y cualquier actividad, trabajo u obra que pretenda realizarse en dichas zonas quedará sometido a los regímenes de intervención y control y de defensa y sanción previstos en los Títulos V y VI de esta Norma Foral.
3. Los Proyectos que desarrollen determinaciones del Plan Territorial o del Plan General de Carreteras resultarán de obligado cumplimiento en la formulación y aprobación del planeamiento urbanístico municipal y en caso de disconformidad prevalecerán sobre el mismo.
4. Además de los efectos a que se ha hecho referencia, la aprobación de los Proyectos de Construcción conllevará los de legitimación de expropiaciones previstos en el Capítulo 2 de este Título.
1. Con el fin de anticipar los efectos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo anterior en cuanto a reserva de suelo, suspensión de autorizaciones, permisos y licencias, régimen de limitaciones previstas para las zonas de dominio público y protección y de calificación urbanística, la Administración podrá redactar, tramitar y aprobar Proyectos Previos que deberán contener como mínimo las determinaciones necesarias para definir con la debida aproximación los terrenos afectados por las obras a realizar.
2. Los Proyectos Previos se tramitarán y aprobarán conforme a lo previsto en el artículo 21.
En los supuestos en los que la "Declaración de impacto ambiental" sea preceptiva, el órgano ambiental competente decidirá si la misma debe realizarse en el trámite de aprobación del Proyecto Previo o posponerse al del Proyecto de Construcción.
3. La aprobación de los Proyectos Previos conllevará los efectos señalados y, si contienen la relación concreta e individualizada de los terrenos, construcciones y otros bienes o derechos a que afecten y que se estima será preciso ocupar o adquirir, su aprobación producirá también los efectos de legitimación de expropiaciones previstos en el apartado 4 del artículo anterior.
4. La tramitación y aprobación de los Proyectos Previos conforme a lo previsto en el apartado 2 de este artículo exime de la obligación de efectuar los trámites de información pública y audiencia para la aprobación del correspondiente Proyecto de Construcción así como de la necesidad, en su caso, para dicha aprobación de una nueva "Declaración de impacto ambiental" cuando la misma se haya ya efectuado en el procedimiento de aprobación del Proyecto Previo.
5. Cuando se opte por la tramitación y aprobación de un Proyecto Previo, la aprobación del correspondiente Proyecto de Construcción no servirá para ampliar el plazo de cinco años en cuanto a su eficacia de reserva de suelo y limitaciones consiguientes.
1. Con anterioridad a la tramitación del Proyecto Previo o de construcción, y especialmente en los casos en que se requiera la Declaración de Impacto Ambiental, la Administración actuante, si así lo estima oportuno, someterá a información pública un Estudio Informativo que contendrá los datos necesarios y el análisis realizado para definir y valorar en líneas generales las distintas alternativas a un determinado problema viario así como las soluciones que se proponen a éste.
2. La tramitación del Estudio Informativo servirá para garantizar la participación ciudadana y de las Instituciones en el proceso de toma de decisiones.
3. Los Estudios Informativos no producirán los efectos jurídicos previstos en el artículo anterior para los Proyectos Previos ni vincularán a la Administración respecto de las decisiones a adoptar.
1. La adquisición de terrenos, construcciones y otros bienes y derechos precisos para la ejecución de las obras, las ocupaciones temporales así como la imposición de las servidumbres para la reposición o implantación de servicios se logrará mediante expropiación.
2. La disponibilidad de los bienes y derechos precisos podrá también lograrse por permuta, compraventa o, en los casos que proceda, por ocupación directa o cesión de acuerdo con los mecanismos previstos en la legislación urbanística.
1. La aprobación de los proyectos de carreteras implicará la declaración a efectos de expropiación forzosa de la utilidad pública de las obras y, si contuvieron en su documentación la relación concreta e individualizada de los terrenos, construcciones y otros bienes o derechos a que afecten, la de la necesidad de ocupación y adquisición de los mismos así como la de imposición o modificación de servidumbres.
2. La declaración de necesidad de ocupación y adquisición de los terrenos, construcciones y otros bienes y derechos e imposición de servidumbres se extenderá a la de todos los que resulte preciso adquirir u ocupar para la ejecución de las obras, reposición de servicios y demás actividades precisas para su correcta explotación posterior.
3. La legitimación expropiatoria se hará extensiva además a todos los terrenos, construcciones, bienes y derechos afectados por las modificaciones del proyecto siempre que no se produzca una alteración sustancial del mismo y, antes de acordarse, se informe adecuadamente y por plazo de quince días a los interesados mediante notificación o publicación en el BOLETIN OFICIAL de Guipúzcoa a efectos de alegaciones y sugerencias.
1. La financiación de las obras de construcción, mejora y conservación de carreteras y caminos así como las de ordenación de accesos y, en general, las actuaciones exigidas para el buen funcionamiento y explotación de los mismos deberá realizarse con cargo a los Presupuestos de la Administración titular de las vías, ello sin perjuicio de la colaboración que pueda obtenerse de otras Entidades públicas y privadas.
2. La financiación de las obras podrá también realizarse cuando así proceda mediante los mecanismos previstos en la legislación urbanística.
3. Para las obras que supongan un beneficio especial para determinadas personas físicas o jurídicas, y en especial en la ejecución de accesos y viales de servicio, podrá acordarse la aplicación de contribuciones especiales siempre que se cumplan los requisitos previstos en la legislación reguladora de dichos tributos.
4. La Administración podrá acudir también a la financiación privada de las obras mediante su explotación en régimen de gestión indirecta.
1. En el supuesto de aplicación de contribuciones especiales, serán sujetos pasivos del tributo aquellas personas físicas o jurídicas que de una forma directa se beneficien por las actuaciones realizadas y, especialmente, los titulares de las fincas y los establecimientos colindantes con la carretera o camino y los de las urbanizaciones o barrios cuya comunicación quede mejorada.
2. La base imponible de las contribuciones se determinará por los siguientes porcentajes en relación con el coste total del proyecto:
3. Para la cuantificación de las cuotas que habrán de satisfacer los sujetos pasivos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Las Administraciones Locales podrán contribuir mediante la facilitación de materiales y otros medios técnicos y económicos a los trabajos que se lleven a cabo en auzolan para la mejora de carreteras y caminos de interés de la comunidad vecinal.
1. Las obras de construcción, conservación o mejora de carreteras y las relacionadas directamente con su explotación no están sometidas a licencia urbanística ni otros actos de control previo por parte de los Ayuntamientos y su ejecución no podrá ser paralizada o suspendida salvo por la autoridad judicial competente.
2. Cuando las obras se realicen por la Diputación Foral, y salvo que por razones de emergencia ello no sea posible, la ejecución de las mismas se comunicará para su debido conocimiento al Ayuntamiento o Ayuntamientos afectados antes de su inicio.
1. Para la contratación de las obras por la Administración se estará a lo dispuesto en la legislación que regula la contratación pública.
2. La licitación podrá convocarse siempre que resulte previsible la disponibilidad de los terrenos antes de la adjudicación.
Una vez finalizadas las obras, y cuando las mismas impliquen nuevas afecciones de suelo, deberá procederse siempre a su correcto deslinde y amojonamiento.
La explotación de las carreteras y caminos comprende las operaciones de conservación y mantenimiento, las actuaciones encaminadas a la defensa de la vía y del usuario, e incluye las operaciones referentes a señalización, ordenación de accesos, imposición de límites y control del uso del dominio público viario y, finalmente, la regulación, autorización y sanción de los usos del suelo en las zonas de protección.
1. La explotación de las carreteras y caminos se llevará a cabo directamente por la Administración titular de los mismos.
2. La explotación de las carreteras y caminos municipales de Guipúzcoa podrá encomendarse por los Ayuntamientos a los Consorcios o Mancomunidades que en su caso estimen conveniente constituir.
3. Podrán así mismo constituirse organismos autónomos o sociedades públicas a las que la Administración titular encomiende la explotación de las carreteras y caminos.
4. Las carreteras podrán también explotarse en régimen de concesión o por cualesquiera de los sistemas previstos para la gestión indirecta de los servicios públicos.
El contrato de gestión indirecta determinará el correspondiente régimen jurídico-administrativo y económico-financiero así como, en su caso, las fórmulas de reparto de los beneficios o riesgos de la explotación.
5. Las Areas de Servicio públicas podrán ser explotadas conjunta o independientemente de la explotación de la carretera y bajo cualesquiera de las fórmulas previstas en los anteriores apartados.
1. Las Administraciones titulares de las carreteras o caminos o, en su caso, las entidades responsables de su explotación deberán llevar un adecuado control de su estado de conservación así como de las incidencias y daños sufridos y formular con periodicidad Planes de Conservación en los que se recogerán las actuaciones a realizar a su cargo.
2. Los Planes de Conservación recogerán las actuaciones a realizar en cada ejercicio económico en relación con aspectos tales como los siguientes:
3. En los Planes de Conservación se prestará especial atención a todas aquellas actuaciones que incidan en la mejora de la seguridad viaria en los tramos con mayor índice de siniestralidad.
1. La Administración titular de la carretera o camino o, en su caso, la entidad responsable de su explotación podrá realizar por sí o a través de terceros cuantos trabajos resulten precisos para la adecuada explotación de la vía y demás elementos del citado dominio público viario.
2. Las obras que afecten al tráfico se pondrán en conocimiento de la Administración competente en dicha materia para su debida colaboración.
1. Corresponde con exclusividad a la Administración titular de la carretera o camino determinar la señalización para el correcto funcionamiento del tráfico o la adecuada información a los usuarios.
2. El establecimiento y conservación de las señales de interés de otras entidades o personas, públicas o privadas, corresponderá a los interesados previa autorización de la Administración titular de la carretera o camino.
3. Sólo se excepciona de lo dispuesto en los dos apartados anteriores la señalización provisional en casos de emergencia.
4. Las señales que se coloquen en las carreteras deberán ajustarse en todo caso a los modelos oficiales de señalización.
1. Todos los ciudadanos tienen el derecho a transitar por las carreteras y caminos de Guipúzcoa conforme a su destino y de acuerdo con las leyes, normas y señales de tráfico y circulación.
2. El tránsito por las carreteras y caminos de Guipúzcoa podrá someterse al pago de peaje o derechos de uso.
1. De conformidad con lo dispuesto en la normativa sobre tráfico y seguridad vial, el tránsito por las carreteras y caminos de Guipúzcoa se realizará a riesgo y ventura del usuario de los mismos y bajo su propia responsabilidad.
2. No obstante, los ciudadanos y entidades que sufran daños o lesiones en sus bienes o derechos a causa del funcionamiento normal o anormal de la Administración o entidad responsable de la explotación de las carreteras o caminos en el ejercicio de sus obligaciones tendrán derecho a ser indemnizados por dichos daños o lesiones en los términos previstos en la ley.
3. No existirá responsabilidad de la Administración o entidad responsable de la explotación por los daños y lesiones que puedan producirse cuando existiera fuerza mayor o el responsable de los hechos causantes sea el propio perjudicado o un tercero.
1. El tránsito por las carreteras y caminos de Guipúzcoa no tendrá en principio otras limitaciones que las previstas en la legislación sobre tráfico y seguridad vial y demás leyes, normas y ordenanzas de general aplicación.
2. La Administración titular de la vía podrá, no obstante, establecer limitaciones especiales de tránsito a todos o determinados tipos de vehículos o usuarios cuando así lo exijan las condiciones de la carretera o camino, la seguridad o las circunstancias del tráfico y, en el caso de montes, la protección ambiental del entorno.
Las limitaciones podrán consistir tanto en la prohibición u obligación de transitar en determinadas condiciones como en la sujeción a previa autorización administrativa.
Las limitaciones deberán siempre establecerse con carácter particular para un tramo, camino o carretera o recorrido determinados y, a ser posible, con carácter temporal.
3. Excepcionalmente la Administración titular de la carretera o camino podrá permitir el tránsito de usuarios o vehículos que por sus dimensiones, carga u otras circunstancias no cumplan con las limitaciones específicas establecidas de acuerdo a lo previsto en el apartado anterior. El tránsito de usuarios o vehículos en estos supuestos requerirá autorización expresa de la Administración que se solicitará y otorgará en las condiciones establecidas en el Título V de esta Norma.
1. Sobre los bienes del dominio público viario no existen más derechos que los de circulación o tránsito y en las condiciones a que se ha hecho referencia. La realización de otros usos o aprovechamientos en el dominio público viario sólo será posible siempre que dichos usos y aprovechamientos resulten por su naturaleza de necesaria ubicación en el mismo, sean compatibles con la circulación o tránsito y no limiten su seguridad y comodidad.
En la calzada, arcenes y cunetas de las carreteras y caminos no serán admisibles más usos y aprovechamientos que los imprescindibles para accesos y cruces a distinto nivel de conducciones y vías de paso peatonal o rodado.
Sólo excepcionalmente se permitirán ocupaciones temporales o indefinidas cuando resulten imprescindibles para trabajos, obras o servicios que no permitan otra solución alternativa.
2. Los usos y aprovechamientos previstos en el apartado c anterior, salvo que los realice la Administración titular de la carretera o camino o la entidad responsable de su explotación, sólo podrán efectuarse previo el otorgamiento expreso por la Administración titular de la vía de las autorizaciones o concesiones a que se hace referencia en el Título V de esta Norma Foral.
Las autorizaciones o concesiones que se otorguen para dichos usos o aprovechamientos de las carreteras y caminos de Guipúzcoa, sus elementos funcionales y demás bienes del dominio público viario se sujetarán a las condiciones que la Administración discrecionalmente señale para la defensa y correcto funcionamiento de dichos bienes.
3. Salvo que expresamente se indique otra cosa en la autorización o concesión, las condiciones a que se ajustarán los distintos usos y aprovechamientos serán las que se especifican en el Capítulo siguiente.
1. Las actividades, trabajos y usos a que se refiere el artículo anterior y que afecten a la calzada y demás elementos del dominio público viario deberán realizarse de forma que no impidan ni dificulten en la medida de lo posible al tránsito o circulación por la carretera o camino.
2. Cuando las obras o usos afecten o puedan afectar al tránsito o circulación por las carreteras, se observará lo dispuesto en la normativa vigente sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras.
3. Tratándose de usos o aprovechamientos que resultan excepcionales y que afectan a la zona de dominio público viario, la Administración titular de la vía no responderá de las roturas, averías, desperfectos y otros daños que puedan ocasionarse en las obras o instalaciones por causa del tráfico o de los trabajos de conservación o explotación que se realicen en la carretera o camino o en sus elementos funcionales.
4. Los titulares de usos y aprovechamientos sobre el dominio público viario responderán siempre de los daños y lesiones que pudieran ocasionar con sus instalaciones a la carretera o camino y sus elementos funcionales o a los usuarios de los mismos.
5. Los titulares de instalaciones quedarán además obligados a variarlas por su cuenta si ocasionaran perjuicios a la carretera o camino o en el caso de que un proyecto de modificación o mejora de los mismos lo hiciera necesario.
1. Queda prohibida la construcción o apertura de nuevos accesos directos desde las carreteras salvo que se trate de
2. Salvo razones debidamente justificadas, los Planes Urbanísticos en suelo urbano sólo podrán prever accesos directos a locales o fincas privadas a través de viales laterales o posteriores.
3. En suelo urbanizable o apto para urbanizar los Planes Urbanísticos no podrán prever accesos a las carreteras cuyas distancias entre ellos resulten inferiores a las siguientes:
4. Excepcionalmente y en suelo urbano podrán construirse accesos nuevos no previstos en el planeamiento, cuando, no existiendo previsión urbanística en contrario, resulten imprescindibles para permitir la entrada a edificios o construcciones, no puedan realizarse desde otros viales existentes o previstos en dicho planeamiento y por su ubicación no afecten de forma importante al tráfico.
5. Excepcionalmente y cuando no exista otra alternativa razonable podrán construirse accesos nuevos en suelo no urbanizable para construcciones o instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de las obras públicas.
También excepcionalmente podrán construirse accesos nuevos en suelo no urbanizable en carreteras de la Red Local (Redes Amarilla o Gris) cuando la distancia desde el nuevo acceso al acceso más próximo no resulte inferior a 500 metros.
6. No se considerarán accesos nuevos a efectos de esta Norma los que, sin cambio de funcionalidad, se construyan en sustitución de otros existentes.
Los accesos construidos en estos supuestos no podrán abrirse al uso hasta que el antiguo al que sustituyan quede suprimido.
7. Queda excepcionada de lo previsto en los apartados anteriores la realización de accesos provisionales a obras o vertederos siempre que no sea posible o conveniente la utilización de otro existente. La autorización para accesos provisionales fijará necesariamente su plazo, nunca superior a un año, finalizado el cual deberán de inmediato suprimiese.
1. Los accesos que se construyan o modifiquen en carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa reunirán las características y condiciones previstas en las normas técnicas de aplicación y en todo caso las siguientes:
Excepcionalmente y en casos debidamente justificados podrán autorizarse accesos de características distintas a las señaladas.
2. Las aguas procedentes del acceso deberán ser recogidas antes de llegar a la carretera y conducidas de forma adecuada para que no invadan la calzada ni afecten a la explanación de la carretera.
3. Los accesos deberán señalarse conforme a lo que establezca en cada caso la Administración titular de la carretera o camino.
4. La Administración fijará el punto exacto del empalme atendiendo las necesidades de seguridad del tráfico.
5. En función de la tipología de la carretera y de la intensidad del tráfico de la misma y de la del acceso, la Administración podrá imponer, además, alguna o varias de las siguientes condiciones:
6. Para la debida ordenación de los accesos, la Administración podrá condicionar su autorización a la posibilidad de imponer en el futuro sobre los viales particulares o de servicio que accedan a una carretera las limitaciones de uso, servidumbres de paso o cargas que estime necesarias para permitir la realización de maniobras o el acceso a fincas colindantes o cercanas.
Conforme a lo previsto en el Título IV de esta Norma, las limitaciones de uso, servidumbres o cargas que así se impongan dentro de la zona de protección de la carretera no serán indemnizables.
7. Para su debida ordenación, la Administración se reserva asimismo el derecho de imponer la variación de los accesos construidos cuando resulte conveniente para la carretera proceder a su supresión, sustitución o traslado.
La implantación de nuevas paradas de vehículos de transporte público de viajeros en carreteras de las Redes de Interés Preferente y Básica (Redes Roja y Naranja) exigirá la construcción del adecuado apartadero siempre que se trate de zona no urbana.
1. No se admitirá el cierre de caminos salvo que resulte imprescindible para la racional explotación agrícola o ganadera de los terrenos situados a ambos lados del camino y haciendo siempre fácil el tránsito público por los mismos.
2. El cierre de carreteras queda siempre prohibido por lo que, si se trata de evitar el paso de ganado, deberán arbitrarse otro tipo de técnicas, que sólo en la Red Local (Red Amarilla y Gris) y excepcionalmente serán autorizadas.
1. Las redes de conducción de agua, saneamiento, gas, teléfono, electricidad y demás instalaciones o servicios no podrán discurrir bajo la superficie de la carretera o anclarse a sus estructuras salvo en supuestos de excepcional dificultad de paso o cruce imprescindible y cuando existan circunstancias que no hagan procedente la solución aérea.
2. En ningún caso podrán colocarse arquetas de registro dentro de la calzada y arcenes de la carretera.
3. La Administración por razones de tráfico podrá exigir que la conducción subterránea se realice mediante perforación horizontal y sin afectar a la calzada.
1. En consecuencia con lo dispuesto en el artículo 37.4 de esta Norma Foral, queda prohibida la colocación en las carreteras de toda señal que no se ajuste a los modelos oficiales de señalización.
2. En cuanto a señales informativas o de indicación, en las carreteras y zonas de dominio público, sólo podrán colocarse, además de las de tráfico, las siguientes:
3. Las señales informativas de servicios sólo se admitirán cuando se refieran a actividades o negocios útiles para el usuario de la carretera y poco frecuentes.
Sólo podrá colocarse una señal por cada servicio en cada sentido de circulación y a una distancia no superior a 3 kilómetros del lugar donde se preste el mismo y de 1 kilómetro del acceso exclusivo o principal de aquél.
Además podrá colocarse una señal de dirección en el punto de la carretera de donde parta el acceso exclusivo o principal para este servicio.
En el caso de existencia de varios servicios, la Administración podrá ordenar la unificación de señales.
4. Las señales que se coloquen, que deberán ajustarse en todo caso a los modelos oficiales, en ningún caso podrán servir para realizar publicidad aunque sea encubierta y no se admitirá ni siquiera que figure el nombre del particular o razón social del establecimiento, negocio o actividad.
5. La preseñalización de estaciones de servicio se ajustará en cuanto a distancias a su normativa específica.
1. Los tendidos e instalaciones aéreas que crucen sobre las carreteras deberán cumplir las condiciones técnicas y de seguridad al efecto establecidas.
2. El gálibo será suficiente para evitar accidentes.
3. Los postes de sustentación se situarán fuera de la zona de dominio público a una distancia mínima de la línea exterior de la calzada de vez y media su altura, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 68.2 para las líneas eléctricas de alta tensión.
4. Las riostras y anclajes no podrán tampoco colocarse en zona de dominio público.
1. Con independencia de lo dispuesto en los artículos anteriores, la Administración titular de la vía podrá establecer dentro del dominio público viario instalaciones de aforos, pesaje y demás medios instrumentales al servicio de la carretera o camino y su explotación.
2. La Administración titular de una carretera podrá también realizar plantaciones, instalaciones de alumbrado o telecomunicación y marquesinas respetando una distancia mínima de tres metros del borde o línea exterior de la calzada.
Esta distancia podrá ser inferior si dichos elementos se sitúan sobre aceras o debidamente protegidos por barreras de seguridad u otros medios.
1. Sin perjuicio de lo previsto para las infracciones en el Título VI de esta Norma Foral, incurrirán en responsabilidad económica frente a la Administración todas las personas que de cualquier modo y circunstancia causen daños a las carreteras o caminos, sus elementos funcionales o, en general, a bienes del dominio público viario.
2. La responsabilidad económica se exigirá siguiendo el procedimiento administrativo ordinario y la resolución que se adopte será ejecutiva una vez adquiera firmeza en vía administrativa.
3. El importe reclamado, que será el del costo de la reposición, podrá ser exigido por la vía administrativa de apremio.
La Administración estará facultada para actuar por sí y de inmediato para reparar los daños causados en las carreteras, caminos y sus elementos funcionales sin necesidad de esperar a la incoación y tramitación del procedimiento previsto en el artículo precedente.
A ambos lados de las carreteras y caminos de Guipúzcoa se establecen dos zonas de protección con las siguientes anchuras:
Las citadas distancias se medirán a partir del borde o línea exterior de la explanación de la carretera o camino.
1. En las zonas de protección de las carreteras y caminos las facultades del derecho de propiedad o de otros derechos de uso y disfrute se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes y cargas establecidos en esta Norma y en las normas y planes que en su desarrollo puedan dictarse.
2. Los límites, deberes y cargas establecidos en esta Norma o en las normas y planes que en su desarrollo puedan dictarse no confieren derecho a indemnización por constituir la delimitación legal del contenido normal de los derechos de propiedad, uso o disfrute sobre los terrenos y bienes situados en las zonas de protección de las carreteras y caminos.
1. Son límites generales de los derechos sobre los terrenos y bienes situados en zonas de protección de las carreteras y caminos el que sus titulares, cualesquiera que sean,
2. La utilización del suelo, de las edificaciones y otros bienes situados en zonas de protección se realizará en todo caso en las condiciones establecidas en esta Norma.
1. Los titulares de terrenos, árboles, carteles, urbanizaciones, instalaciones, edificaciones y construcciones y demás elementos de todo tipo situados en las zonas de protección de las carreteras y caminos de Guipúzcoa deberán mantenerlos en condiciones de seguridad a fin de evitar cualquier riesgo para la carretera, el camino o sus usuarios.
2. Los propietarios de fincas colindantes impedirán en todo caso la caída de objetos y la salida de animales a la carretera o camino, construyendo para ello y por su cuenta las protecciones y cierres que resulten precisos.
1. Queda prohibida toda construcción a menos de 8 metros del borde o línea exterior de la explanación de las carreteras y de 3 metros de la de los caminos.
La distancia mínima, además, al borde o línea exterior de la calzada de las carreteras será la siguiente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente, en las variantes o carreteras de circunvalación que se construyan con el objeto de eliminar las travesías de las poblaciones, la distancia mínima en la zona exterior al centro urbano será de 75 metros.
2. En las zonas de suelo urbano podrán autorizarse construcciones a distancias inferiores a las anteriormente señaladas cuando la existencia de varios edificios marquen alineaciones de hecho que así lo aconsejen. En caso de existencia de Plan de Ordenación, la distancia será la exigida en el mismo.
En las zonas de suelo urbanizable o apto para urbanizar, y cuando razones geográficas o socioeconómicas así lo aconsejen, podrán también los Planes Parciales y Especiales establecer distancias inferiores siempre que quede debidamente garantizada la seguridad viaria mediante la correcta ordenación de los márgenes de la carretera y la adecuada solución de los accesos.
Para la realización de construcciones a distancias inferiores se requerirá siempre que el Plan Parcial o Especial que los autorice se encuentren definitivamente aprobados y vigentes.
En suelo no urbanizable las distancias mínimas serán siempre las establecidas con carácter general y no se permitirán otro tipo de construcciones e instalaciones que las debidamente aprobadas por la Administración urbanística competente.
3. La Administración titular, previa información pública por plazo no inferior a quince días, podrá fijar por específicas razones geográficas o socioeconómicas y para determinadas carreteras de la Red Local (Redes Amarilla y Gris) o tramos de ellas en zonas o comarcas perfectamente delimitadas una línea límite de construcción inferior a la establecida con carácter general.
4. Lo dispuesto en los apartados anteriores no es de aplicación a las construcciones al servicio de la carretera que, por considerarse como elementos funcionales de la misma, pertenezcan al dominio público.
1. Sin perjuicio de lo establecido en los siguientes apartados, las áreas y estaciones de servicio se regularán por su normativa propia.
2. Las construcciones se situarán a las distancias establecidas con carácter general.
Las instalaciones, no obstante, podrán situarse a distancias inferiores siempre que se garantice lo dispuesto en los dos apartados siguientes y como mínimo a las siguientes distancias desde el borde o línea exterior de la calzada:
3. La explanada de aparcamiento y maniobra contará con espacio suficiente y estará dotada de un drenaje adecuado.
4. Las características y condiciones de los accesos directos a la carretera se ajustarán estrictamente a lo previsto en el Título III de esta Norma Foral.
1. La colocación de carteles, letreros y rótulos en la zona de protección de las carreteras se regirá por lo dispuesto en el artículo 48 de esta Norma Foral por lo que sólo serán posibles las señales que se ajusten a los modelos oficiales y en los supuestos establecidos en dicho artículo.
2. Se excepciona de lo señalado en el apartado anterior y en consecuencia se admite la colocación de carteles, letreros o rótulos con indicación de la actividad y denominación de la empresa situados en la misma finca o edificio donde se ejerza o tenga su sede la misma.
Las características y luminosidad de los referidos carteles, letreros o rótulos no podrán perjudicar la seguridad de la circulación vial ni incluir comunicación adicional alguna tendente a promover el consumo o contratación de bienes y servicios, cualquiera que sea su relación con la actividad o empresa de que se trate.
1. Los cierres de fincas, cualquiera que sea su naturaleza, tienen a efectos de esta Norma el carácter de construcciones, por lo que, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 46, deberán respetar las distancias y demás limitaciones establecidas en el artículo 57.
2. Se exceptúan sólo los cierres diáfanos que no disminuyan la visibilidad de la carretera y sean fácilmente desmontables, que podrán colocarse a distancias inferiores aunque siempre fuera de la zona de dominio público y quedando debidamente garantizada la seguridad de la carretera.
Las distancias en estos casos al borde o línea exterior de la calzada no podrán ser inferiores a las siguientes:
En las carreteras de la Red Amarilla y Gris podrán autorizarse cierres a menor distancia cuando exista un desmonte de más de un metro de altura o un terraplén que haga que el cierre no supere la altura de la calzada.
En todo caso, los cierres junto a carreteras o caminos se colocarán siempre a un metro como mínimo del borde o línea exterior de la calzada y fuera del borde o línea exterior de la explanación.
3. Cuando la distancia sea inferior a la establecida con carácter general para construcciones, no se permitirá que los cierres en la zona contigua a la carretera o camino sean de alambre de espino.
4. La Administración podrá en cualquier momento y por necesidades del servicio ordenar o proceder a retirar los cierres colocados a distancias inferiores a las previstas con carácter general. La retirada del cierre no dará derecho a indemnización salvo en razón de los trabajos que se ocasionen o el material que se inutilice.
1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 47 de esta Norma Foral, las conducciones subterráneas y sus elementos complementarios sólo podrán colocarse en las zonas de protección de las carreteras y caminos a una distancia inferior a la prevista con carácter general para las construcciones e instalaciones cuando existan razones que así lo aconsejen y siempre que quede garantizada la seguridad viaria y el mantenimiento de la propia carretera y de las propias conducciones y elementos complementarios.
2. Las distancias en estos casos desde el borde o línea exterior de la calzada no podrán ser inferiores a las siguientes:
3. Tanto en las carreteras como en los caminos la distancia no podrá ser inferior a 1 metro del borde o línea exterior de la explanación.
4. Cuando existan aceras, las conducciones de servicios públicos podrán ubicarse bajo las mismas.
1. Los edificios que se construyan en la zona de protección de las carreteras y caminos de Guipúzcoa se situarán siempre a las distancias mínimas establecidas con carácter general para las construcciones.
2. Para la autorización de edificios se requerirá siempre un adecuado proyecto de las obras de urbanización de la zona de protección de la carretera y que su ejecución previa o simultánea se garantice de forma suficiente.
3. Cuando el acceso al edificio se plantee desde la carretera, deberá resolverse cumpliendo las condiciones que se establecen para accesos en los artículos 43 y 44 del Título precedente.
4. Las obras provisionales que puedan ser necesarias para la ejecución de la definitiva serán demolidas al término de ésta.
1. Para la ejecución de escombreras y vertederos se exigirán como mínimo las siguientes condiciones:
2. Las autorizaciones que se concedan para escombreras y vertederos se someterán siempre a plazo.
1. La instalación de invernaderos para explotaciones agrícolas, siempre que no disminuyan la visibilidad de la carretera y sean fácilmente desmontables, podrá realizarse a distancias inferiores a las establecidas con carácter general pero siempre fuera de la zona de dominio público y quedando debidamente garantizadas las exigencias de seguridad.
2. Las distancias en estos casos al borde o línea exterior de la calzada no podrán ser inferiores a las siguientes:
3. Tanto en las carreteras como en los caminos la distancia no podrá ser inferior a 1 metro del borde o línea exterior de la explanación.
1. Los movimientos de tierras y excavaciones sólo podrán realizarse si su objeto o la finalidad que los justifica resulta autorizable.
2. En todo caso será necesario que los mismos no afecten a las condiciones de drenaje ni saneamiento y no alteren la estabilidad de la explanación de la carretera o camino.
1. No podrán realizarse plantaciones si las mismas pueden constituir perjuicio para la carretera o camino u originar inseguridad a los usuarios de los mismos.
2. En todo caso las nuevas plantaciones de arbolado no podrán realizarse a menos de tres metros del borde o línea exterior de la explanación.
1. No podrán realizarse talas de árboles si las mismas resultan perjudiciales para la carretera o camino por variar el curso de las aguas o producir inestabilidad de los terrenos.
2. El material obtenido de la tala o poda de arbolado, si se deposita junto a una carretera hasta el momento de su transporte, deberá situarse a una distancia no inferior a tres metros del borde o línea exterior de la explanación.
3. La calzada, paseos y cunetas de la carretera y, en su caso, el camino deberán permanecer en todo momento en perfectas condiciones de limpieza.
1. Sin perjuicio de lo previsto para cruces en el artículo 49 de esta Norma Foral, los tendidos de líneas eléctricas, telefónicas, telegráficas u otras instalaciones aéreas habrán de realizarse a una distancia mínima del borde o línea exterior de la calzada de vez y media la altura de sus postes.
2. En el caso de líneas eléctricas de alta tensión la distancia mínima será, además, la misma que la requerida para construcciones en general.
1. En la zona de protección de las carreteras podrán admitirse viales municipales, paseos y aceras siempre que resulte debidamente garantizada la seguridad de la carretera y de los usuarios tanto de la carretera como de los viales, paseos y aceras.
2. Las instalaciones de alumbrado no deberán ser causa de inseguridad para los usuarios de las carreteras.
Los espacios de las zonas de protección en los que está prohibida la construcción, tienen el carácter de zona de servidumbre a efectos de que la Administración titular de la carretera o camino, o, en su caso, la competente en materia de tráfico, puedan utilizar o autorizar la utilización de los terrenos, debiendo sus titulares soportar los siguientes usos:
1. Los daños y perjuicios que pudieran causarse por estos usos deberán ser evaluados e indemnizados de acuerdo con los criterios de la legislación sobre responsabilidad patrimonial de la Administración.
2. El abono de las indemnizaciones correrá siempre a cargo de la Administración, que podrá repercutir su importe en el beneficiario o responsable de los hechos que motivaron la ocupación.
Discrecionalmente, y garantizando en todo caso la seguridad viaria, la Administración podrá autorizar en la zona de protección usos y obras provisionales o instalaciones ligeras fácilmente desmontables. La autorización en estos casos se otorgará a precario y con plazo máximo determinado.
1. Los edificios, construcciones e instalaciones ya existentes situados a distancias inferiores a las legalmente permitidas por esta Norma se declaran "fuera de alineación".
2. En los edificios y demás elementos "fuera de alineación" sólo podrán autorizarse aquellas actividades, trabajos u obras tendentes a su reparación, mantenimiento o rehabilitación siempre además que no supongan ni incremento de volumen ni alteración de alineaciones ni modificación de accesos, salvo en este último supuesto para la mejora de la seguridad del tráfico.
3. En todo caso, las actividades, trabajos u obras en edificios y demás elementos "fuera de alineación" sólo serán posibles cuando no resulte precisa la demolición, retirada o traslado de los mismos por actuaciones previstas en el Plan Territorial de Carreteras o en un Proyecto ya aprobado o en tramitación.
4. Las obras podrán también denegarse si el edificio, construcción o instalación se encuentran en estado de ruina.
Se considerarán en estado de ruina a estos efectos los edificios, construcciones o instalaciones cuando presenten un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales o cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 del valor actual, excluido el valor del terreno.
5. Las limitaciones establecidas en los apartados anteriores lo serán sin perjuicio de las normas destinadas a la conservación y puesta en valor de los edificios y otros elementos catalogados por su interés histórico, artístico o cultural.
1. Con independencia de la distancia a la carretera, queda prohibida toda publicidad que resulte visible desde la misma sin que esta prohibición dé derecho a indemnización.
2. A los efectos establecidos en el apartado anterior no se consideran publicidad los carteles, letreros y rótulos previstos en el apartado 2 del artículo 59 de esta Norma Foral.
3. En las travesías de poblaciones regirá lo dispuesto con carácter general sobre publicidad en los dos apartados anteriores. Se exceptúan, no obstante, en este caso y podrán en consecuencia colocarse en las travesías aquellos otros carteles, letreros o rótulos que por su tamaño, tipo de letra o situación puedan ser leídos únicamente por los peatones.
4. Los carteles, letreros y rótulos que se coloquen no sobresaldrán en ningún caso más de un metro de la fachada y sus proyecciones verticales sobre la acera no rebasarán la anchura de la misma.
Las normas sobre uso de las zonas de protección adyacentes a las carreteras y caminos de Guipúzcoa del presente Título podrán completarse mediante la aprobación de Planes Especiales y Ordenanzas para la protección y defensa en concreto de determinadas carreteras o tramos de ellas. Los Planes Especiales y Ordenanzas podrán tener un ámbito de aplicación superior al de las zonas de protección y alcanzar todos los espacios visibles desde la carretera o camino.
1. A fin de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en esta Norma Foral, las Administraciones titulares de las carreteras y caminos de Guipúzcoa ejercerán un continuado control de las actividades, trabajos y obras que afecten o puedan afectar a estos bienes y su funcionamiento, interviniendo dichas actuaciones y sancionando en su caso las infracciones que se cometan mediante las medidas que en este y en el siguiente Título se establecen.
2. La actuación de la Administración para la intervención y el control de las actividades, trabajos y obras que afecten o puedan afectar a las carreteras y caminos de Guipúzcoa y su funcionamiento se ajustará siempre a los principios de igualdad ante la ley, coordinación entre Administraciones Públicas y congruencia con los motivos y fines que justifican dicha actuación.
3. En la aplicación de las medidas de intervención y control se estará siempre a la interpretación menos restrictiva de la autonomía de las distintas Administraciones Públicas y de la libertad y demás derechos de los ciudadanos.
1. Queda sujeta a autorización administrativa la ejecución de toda clase de actividades, trabajos y obras tanto en las carreteras y caminos y sus zonas de dominio público como en las zonas de protección de los mismos.
2. Dentro de las actuaciones sometidas a autorización se encuentran incluidas entre otras las siguientes:
3. La necesidad de autorización se extiende a todas las actuaciones a que se ha hecho referencia, cualquiera que sea la naturaleza o titularidad del suelo en que vayan a realizarse y cualquiera que sea la persona, entidad u organismo, público o privado, que pretenda realizarlos, aunque se promuevan por los poderes públicos o los órganos de la Administración del Estado, de la Comunidad Autónoma o cualquier otra Administración Pública, todo ello sin perjuicio de otras competencias concurrentes.
4. Quedan excluidos tan sólo de la necesidad de autorización:
1. La competencia para otorgar las autorizaciones previstas en esta Norma corresponde en todo caso a la Administración titular de la carretera o camino.
2. Tanto los Ayuntamientos como la Diputación Foral en el ejercicio de esta competencia ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración, coordinación y respeto a los ámbitos competenciales respectivos.
1. Las autorizaciones en la zona de protección tendrán carácter reglado y deberán otorgarse siempre que las actividades, trabajos u obras para los que se solicitan no contravengan lo dispuesto en esta Norma y en los reglamentos o normas que en su caso la desarrollen.
El régimen aplicable será el vigente en el momento de la resolución. En caso de silencio, en el régimen aplicable será el vigente en el momento de producirse el acto presunto.
Las denegaciones de autorización en zonas de protección deberán ser motivadas y sólo podrán fundarse en motivos fundados en determinaciones de esta Norma.
2. Las autorizaciones en zona de dominio público serán discrecionales y podrán denegarse por simples razones de oportunidad.
En las autorizaciones especiales para el tránsito de usuarios y de vehículos que por sus dimensiones, carga u otras circunstancias no cumplan con las limitaciones especiales establecidas por la Administración titular de la vía, se fijarán las condiciones que dicha Administración considere precisas en cuánto a itinerario, horarios, medidas preventivas y otras.
3. Por razones de seguridad y comodidad de los usuarios de las carreteras y caminos, las autorizaciones de actividades, trabajos y obras, tanto en zona de dominio público como de protección, podrán someterse a plazo.
Se someterán en todo caso a plazo máximo las autorizaciones de actividades continuadas.
1. El procedimiento para la concesión de autorizaciones en carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa se ajustará a las siguientes reglas:
2. Las autorizaciones para actividades, trabajos u obras en carreteras y caminos municipales se sustanciarán y otorgarán conjuntamente con la licencia urbanística cuando se trate de actuaciones sometidas a dicha licencia por lo que las normas procedimentales y del régimen para su otorgamiento serán las de ésta.
1. Las autorizaciones otorgadas por la Diputación Foral en aplicación de esta Norma no devengarán tasas.
2. Las autorizaciones, sin embargo, de usos especiales o que impliquen una utilización privativa del dominio público podrán someterse al pago de un precio o canon.
1. Las autorizaciones en general y, en especial, las que permitan el tránsito de usuarios o de vehículos que por sus dimensiones, carga u otras circunstancias no cumplan con las limitaciones especiales establecidas por la Administración titular de la vía, podrán condicionarse al depósito previo de fianza suficiente para garantizar la correcta ejecución de lo autorizado con pleno cumplimiento de las condiciones impuestas y sin perjuicio para las carreteras o caminos y el dominio público viario.
2. Establecida fianza, su constitución efectiva será condición suspensiva de los efectos de la autorización.
1. Las autorizaciones amparan tan sólo las actividades, trabajos u obras descritos expresamente en la documentación aportada por el interesado con las modificaciones que en su caso resulten del texto de la autorización. Cualquier otra actuación que pretenda realizarse deberá ser objeto de nueva autorización.
2. Las autorizaciones otorgadas producirán efectos entre la Administración otorgante y el sujeto a quien se otorguen pero no alterarán las situaciones jurídico-privadas entre éste y las demás personas, otorgándose siempre salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros, no pudiendo ser invocadas para excluir la responsabilidad civil, administrativa o penal en que pudieran incurrir sus beneficiarios en el ejercicio de las actividades, trabajos u obras autorizadas.
3. Las autorizaciones serán transmisibles por los medios legalmente establecidos para la transmisión de derechos y obligaciones y el adquirente quedará subrogado en todas las obligaciones que para con la Administración correspondieran al titular inicial de la autorización.
El titular inicial de la autorización no quedará, sin embargo, libre de responsabilidad ante la Administración mientras el adquirente no asuma expresamente las obligaciones del transmitente y no lo haga así constar a la Administración.
1. Las autorizaciones previstas en esta Norma para actividades, trabajos u obras tanto en el dominio público de las carreteras y caminos como en sus zonas de protección no eximen a sus titulares del deber de obtener las licencias, permisos u otras autorizaciones exigibles en aplicación de otras disposiciones legales.
2. Las autorizaciones de la Diputación Foral, en concreto, no eximen de la necesidad ni prejuzgan la concesión de la licencia urbanística o de actividad y tampoco de los trámites que para su obtención deban realizarse ante otros órganos de la propia Diputación.
1. Las autorizaciones en materia de carreteras y caminos surtirán efectos desde el momento de su otorgamiento y mientras duren las actividades, trabajos u obras autorizados.
Las autorizaciones sometidas a plazo sólo surtirán efectos durante el mismo y caducarán una vez transcurrido.
2. Si en el plazo señalado o, en su defecto, en el de seis meses a partir de la concesión de la autorización no se iniciaran las actividades, trabajos u obras autorizados, se entenderá que el interesado renuncia a su pretensión y la autorización quedará automáticamente caducada.
3. Las autorizaciones concedidas quedarán también caducadas y sin efecto por alguna de las siguientes causas:
4. La caducidad de las autorizaciones en los supuestos a que se ha hecho referencia, salvo la de las sometidas a plazo, deberá ser objeto de resolución expresa, previa audiencia al interesado, debiendo notificarse con señalamiento de los recursos que puedan interponerse.
5. La caducidad de una autorización no impide que la misma vuelva a solicitarse y otorgarse.
6. Mientras dure su vigencia, las autorizaciones deberán encontrarse a disposición de la Administración en el lugar de la actividad, trabajo u obra.
1. Las autorizaciones deberán ser revocadas o modificadas en sus condiciones cuando desaparecieren las circunstancias de hecho que motivaron su otorgamiento o cuando sobrevinieron otras que, de haber existido, habrían justificado la denegación o el otorgamiento en términos distintos.
2. Las autorizaciones, además, podrán ser revocadas cuando se fijen nuevos criterios legales que prohiban la actuación autorizada.
3. La revocación por motivos imputables a la Administración o a la ley comportará el resarcimiento de los daños y perjuicios que se causen.
1. El otorgamiento de autorizaciones quedará en suspenso mientras se encuentren en tramitación Proyectos de Construcción o Previos a partir de la iniciación de la información pública de los mismos y por plazo máximo de un año para la ejecución de todas aquellas actividades, trabajos u obras que puedan suponer un impedimento para sus determinaciones.
2. Las Administraciones titulares de las carreteras y caminos podrán también acordar la suspensión anticipada por plazo máximo de dos años del otorgamiento de autorizaciones en una zona determinada con el fin de proceder a la redacción de un Proyecto. El acuerdo deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL de Guipúzcoa.
3. No será posible acordar nuevas suspensiones en la misma zona y por idéntica finalidad hasta que transcurran cinco años contados a partir de la finalización de la suspensión anterior.
1. Quedan sometidos a informe previo vinculante de la Administración titular de la carretera:
2. El informe se solicitará por la Administración titular de la competencia en materia de tráfico o transportes para autorizar el tránsito.
En los informes de la Administración titular de la carretera podrán fijarse las condiciones que discrecionalmente se consideren precisas en cuanto a itinerario, horarios, medidas preventivas y otras, y, en especial, la fianza que deberá depositarse para responder de los daños y perjuicios que en su caso pudieran ocasionarse al dominio público viario.
1. La Administración titular de las carreteras y caminos ordenará de oficio o a instancia de cualquier persona la ejecución de los trabajos u obras necesarios para conservar los bienes situados en las zonas de dominio público y de protección en las debidas condiciones de seguridad para la carretera o camino y sus usuarios.
2. Podrá también por las citadas razones ordenar la ejecución de trabajos u obras en fachadas, cierres u otros elementos, incluso de los espacios libres, aunque excedan de los límites del deber de conservación previsto en la ley.
3. Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si se contuvieron en el límite del deber de conservación y con cargo a los fondos de la Administración que lo ordene cuando lo rebasen para obtener mejoras de interés general.
4. Por razones de seguridad, la Administración titular de las carreteras y caminos podrá también dictar prohibiciones en relación con determinadas actuaciones en principio autorizables, tales como la demolición de muros, la tala de árboles u otros elementos, cualquiera que sea su titular. Los perjuicios económicos que puedan irrogarse en relación con dichas prohibiciones serán indemnizados en la forma que proceda conforme a los criterios de responsabilidad patrimonial de la Administración.
1. Cuando algún edificio, construcción o instalación o parte de ellos situados en la zona de dominio público o de protección supusieran por su estado ruinoso peligro para la carretera o camino o para sus usuarios y no revistieron un interés de tipo histórico o cultural, la Administración titular de la carretera o camino ordenará su total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores u ocupantes, en su caso.
2. De igual forma, la Administración titular de la carretera o camino ordenará la poda o tala de los árboles que puedan constituir un peligro para la carretera, camino o sus usuarios.
3. Si la construcción, arbolado u otros bienes revisten un peligro inminente, la Administración podrá ejecutar las actuaciones precisas por sí y a cargo del propietario, incluida la demolición o tala, dándose al mismo cuenta inmediata de lo realizado.
1. Cuando las actividades, trabajos u obras para las que se solicite autorización constituyan un aprovechamiento privativo de bienes del dominio público viario que limite o excluya la posibilidad de uso por los demás, la Administración podrá denegarlo por razones de oportunidad libremente apreciadas o iniciar un expediente de concesión.
2. El expediente se iniciará estableciendo la Administración el Pliego de Condiciones para la concesión del citado aprovechamiento.
En el Pliego se fijarán las condiciones que la Administración por razones de oportunidad técnica o de otro tipo estima deben imponerse para que la concesión del aprovechamiento sea otorgada. En todo caso se fijará el plazo máximo por el que se otorgará la concesión y que no podrá ser superior a diez años.
3. Aprobado el Pliego, se expondrá al público por plazo de quince días, convocándose al mismo tiempo concurso para la presentación de solicitudes por cuantos interesados pudieran existir.
4. El concurso se adjudicará a la mejor oferta con derecho de tanteo del primer solicitante.
5. Para el otorgamiento de una concesión podrá prescindiese tan sólo del concurso en caso de que la misma se otorgue a favor de una Entidad Pública o, en su caso, de una entidad privada sin ánimo de lucro y para fines de utilidad pública o interés social. Las concesiones así otorgadas tampoco podrán realizarse por plazo superior a diez años y sólo se otorgarán para usos compatibles con el correcto funcionamiento de la vía y condicionadas al efectivo destino previsto en la concesión.
1. Los Ayuntamientos, Entidades y particulares que vayan a redactar Planes urbanísticos, cualquiera que sea su clase, y, en su caso, Proyectos de Urbanización u otros instrumentos urbanísticos de planificación, ejecución o gestión deberán solicitar de la Diputación Foral o Ayuntamientos competentes la información precisa en materia de carreteras y caminos con el fin de coordinar las tareas y la acción urbanística con las previsiones de los Planes de Carreteras y Caminos y los Proyectos aprobados o en redacción.
2. Los redactores de los citados Planes y demás instrumentos urbanísticos podrán también someter a informe de la Diputación Foral o Ayuntamientos competentes los criterios y soluciones que en materias relacionadas con las carreteras y caminos pretendan adoptar con el fin de que dichas Administraciones se pronuncien por escrito y en el plazo de tres meses sobre dichos criterios y soluciones.
3. En todo caso, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17.3 y 22.3 de esta Norma Foral, los Planes e instrumentos urbanísticos que se formulen deberán resultar conformes con las determinaciones de los Planes de Carreteras y Caminos y con las de los Proyectos que las desarrollen.
1. Para la aprobación de cualesquiera Planes de Ordenación, Normas, Ordenanzas, Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano, Estudios de Detalle o, en su caso, sus respectivos Avances, así como de Proyectos de Urbanización y cualesquiera otros instrumentos urbanísticos, siempre que supongan modificación del trazado o características de una carretera, impliquen la apertura de nuevos accesos o afecten a las limitaciones de las zonas de protección, deberá solicitarse informe preceptivo de la Administración titular de aquélla.
2. En el procedimiento de aprobación de los citados Planes e instrumentos urbanísticos, el informe se solicitará por la Administración competente para la aprobación inicial inmediatamente de otorgarse la misma y, en todo caso, antes de la aprobación provisional, aprobación que no procederá se otorgue hasta transcurridos dos meses para Planes Generales y Normas Subsidiarias y un mes en los restantes casos desde la fecha de solicitud del informe.
Cuando en el procedimiento de aprobación no se prevea aprobación provisional, el informe deberá solicitarse antes de la aprobación definitiva, aprobación que no procederá se otorgue hasta transcurrido un mes desde la fecha de solicitud del informe.
3. El informe que se emita por la Administración titular,- que deberá versar exclusivamente sobre aspectos relacionados con las carreteras, su seguridad y las necesidades del tráfico, será vinculante en todo lo que así se determine en cumplimiento de las determinaciones de esta Norma y de las normas técnicas de aplicación. Cuando se trate de previsiones en relación con nuevas carreteras o variantes, para que el informe sea vinculante, las citadas actuaciones habrán de fundamentarse en Planes o Proyectos debidamente aprobados.
1. Sin perjuicio de su inmediata ejecutividad, en caso de disconformidad de las obras previstas en los Planes de carreteras o los Proyectos que los desarrollen con las determinaciones de los Planes y demás instrumentos urbanísticos, las Administraciones competentes para la tramitación de dichos instrumentos procederán de inmediato a su modificación o revisión a fin de adaptarlos en la forma más adecuada.
2. Si en el plazo de seis meses no se formulara e iniciara su tramitación por la Administración competente para su aprobación inicial o en el de un año no se remitiera para su aprobación definitiva, la Diputación actuará de oficio formulando, tramitando y aprobando la modificación correspondiente.
3. Cuando la Administración municipal esté obligada a modificar sus planes e instrumentos urbanísticos para su adaptación a las obras previstas en el Plan Territorial de Carreteras o los Proyectos que lo desarrollen, serán de cuenta de la Diputación Foral los gastos que legalmente deriven de la adaptación.
1. Constituyen infracción administrativa todos los actos y omisiones ilícitos que, por vulnerar preceptos de esta Norma Foral, se tipifican como tales en el presente artículo.
2. Las infracciones pueden ser:
3. Son infracciones muy graves:
Son también infracciones muy graves las calificadas como graves cuando exista reincidencia. A estos efectos se considerará que existe reincidencia cuando en el plazo de un año se haya cometido por el mismo responsable alguna otra infracción grave y la misma se encuentre ya declarada y sancionada por resolución definitiva.
4. Son infracciones graves:
Son también infracciones graves las calificadas como leves cuando exista reincidencia. A estos efectos se considerará que existe reincidencia cuando en el plazo de un año se haya cometido por el mismo responsable alguna otra infracción y la misma se encuentre ya declarada y sancionada por resolución definitiva.
5. Es infracción leve el realizar en la zona de protección sin autorización u orden de ejecución o con incumplimiento de las condiciones establecidas por la Administración actividades, trabajos u obras autorizables siempre que dichas actividades, trabajos u obras no se califiquen como infracción grave o muy grave en virtud de lo establecido en los apartados anteriores.
1. Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que cometan cualquiera de los actos u omisiones tipificadas como infracción administrativa en el artículo anterior.
2. La responsabilidad se extenderá al promotor, agente o gestor de la actividad, al empresario o persona que la ejecute y al técnico bajo cuya dirección o control se realice.
La responsabilidad podrá también hacerse extensiva al propietario del suelo o inmueble donde se cometa la infracción y, en su caso, al autor del proyecto técnico que se ejecute.
3. En caso de incumplimiento de condiciones de una autorización o concesión serán, además, responsables de la infracción los peticionarios de aquéllas.
La existencia de una infracción administrativa dará lugar a la adopción por parte de la Administración de las medidas precisas para:
1. El procedimiento ante una posible infracción se iniciará de oficio o a instancia de cualquier persona.
Los funcionarios y autoridades de la Administración correspondiente estarán obligados a tramitar las denuncias que se formulen por infracciones a lo dispuesto en la presente Norma.
2. Recibida la denuncia, el órgano competente, previas, en su caso, las diligencias que se consideren oportunas, incoará el oportuno expediente en el que se harán constar, como mínimo, los hechos constitutivos de la infracción y los presuntos responsables de los mismos.
3. En el supuesto de que se causen daños a la carretera o camino y sus elementos funcionales o, en general a bienes de dominio público viario, la Administración estará facultada para actuar por sí y de inmediato para reparar los daños causados sin necesidad de esperar a la tramitación y resolución del expediente.
1. Con la incoación del expediente, cuando se trate de actividades, trabajos u obras en curso de ejecución que se realicen sin autorización o sin ajustarse a las condiciones de la misma, el órgano competente ordenará, además, su paralización inmediata.
La paralización se dictará sin necesidad de audiencia previa, notificándose directamente a los interesados.
2. Tanto en caso de actividades como de trabajos y obras la Administración podrá proceder al precintado o cierre de las instalaciones en la forma que considere más efectiva.
Para la efectividad de la paralización, la Administración podrá también requerir a las empresas o entidades prestadoras de los servicios de energía eléctrica, agua, gas y teléfono para que suspendan el suministro o servicio.
3. La paralización no se levantará hasta que el interesado solicite y obtenga la debida autorización o ajuste su actuación a las condiciones de la misma.
4. En los supuestos de publicidad la Administración podrá actuar conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Tercera.
1. El procedimiento sancionador será el establecido con carácter general para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración.
2. Será competente para la incoación, tramitación y resolución del expediente la Administración titular de la vía.
3. A los efectos indicados así como para la adopción de las medidas previstas en el artículo anterior, los funcionarios y autoridades de la Administración titular de la vía estarán facultados para acceder a los terrenos de propiedad privada en que hubieren de realizarse comprobaciones o actuaciones.
1. La resolución que se dicte por la Administración competente deberá contener las siguientes determinaciones:
2. Cuando la cuantía de las indemnizaciones no haya podido determinarse durante el procedimiento, se determinará mediante un procedimiento complementario.
1. Las infracciones administrativas tipificadas en la presente Norma serán sancionadas con multa.
2. Según la gravedad de las infracciones, las cuantías de las multas serán las siguientes:
3. En la cuantificación de las multas se tendrán en cuenta el riesgo objetivo que de la infracción se haya derivado o se derive para el dominio público o terceros así como la existencia de intencionalidad y la reiteración en la actuación infractora.
Se tendrán en cuenta así mismo el valor de las obras o instalaciones y el de los perjuicios o daños causados.
En todo caso en la cuantificación de las multas deberá tenerse en cuenta el beneficio obtenido con la actividad infractora. Cuando dicho beneficio sea superior a la cuantía de la multa que corresponda, se incrementará ésta hasta alcanzar la cuantía de aquél.
4. Se considerará como circunstancia atenuante de la responsabilidad, pudiendo reducirse la cuantía de las multas, el haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción de propia iniciativa o ante el primer requerimiento de los funcionarios o autoridades de la Administración competente.
5. Las multas que se impongan a los distintos sujetos responsables como consecuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter independiente.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 98, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, se impongan, los responsables de las infracciones a tipificadas en la presente Norma serán obligados a adoptar las medidas precisas para reponer la realidad alterada al estado anterior a la producción de la infracción o adecuar la misma a las condiciones en que la actuación pudiera legalizarse. Cuando se hayan realizado construcciones o instalaciones no legalizables, las mismas deberán demolerse, retirarse o, en su caso, mortificarse para su adecuación a la legalidad.
2. En todo caso, si existen daños o perjuicios para la Administración o terceros, los mismos deberán valorarse e indemnizarse.
1. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses.
2. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año.
3. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contar a partir del día en que la infracción se hubiera cometido. En las infracciones derivadas de una actividad continuado, el cómputo del plazo de prescripción no se iniciará mientras dure la actividad.
4. La prescripción de la facultad sancionadora no impedirá a la Administración exigir a los responsables la restitución de las cosas y su reposición a su estado anterior cualquiera que sea el tiempo transcurrido cuando se trate de actuaciones en bienes de dominio público cuyos efectos subsistan.
1. Tanto el importe de las multas como el de las indemnizaciones y demás responsabilidades económicas derivadas de infracciones podrán ser exigidos por la vía administrativa de apremio, una vez adquieran firmeza en dicha vía las resoluciones correspondientes.
2. La Administración podrá proceder además a la ejecución subsidiaria de las medidas de restitución establecidas por cuenta del infractor y a su costa.
3. Podrán también imponerse reiteradas multas coercitivas cuando, transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente, no se adopten las medidas exigidas en el mismo. Las multas coercitivas no podrán exceder individualmente de un décimo y en su conjunto del duplo del valor del costo de ejecución.
La imposición de multas coercitivas será independiente de las que puedan proceder en concepto de sanción y compatibles con ellas.
La imposición de las multas coercitivas no impedirá que, si no se lograse con ellas que los infractores actúen conforme al requerimiento efectuado, pueda procederse a la ejecución subsidiaria.
4. Cuando la infracción suponga una ocupación no autorizada del dominio público, se estará a lo dispuesto en el Capítulo siguiente.
1. En los supuestos en que los actos cometidos contra las carreteras y caminos y sus elementos funcionales pudieran ser constitutivos de delito o falta, la Administración competente deberá ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial.
2. Si se hubiera abierto expediente de infracción por dichos actos, trasladadas las actuaciones a la autoridad judicial, la Administración dejará en suspenso el procedimiento sancionador hasta que dicha autoridad se pronuncie. La suspensión del procedimiento sancionador no impedirá que la Administración adopte las medidas precisas para el restablecimiento de la situación alterada cuando la alteración afecte a la seguridad viaria o a terceros.
3. Producida la resolución judicial y, aunque la misma sea absolutorio, la Administración podrá continuar la tramitación del expediente sancionador, respetando los hechos que los Tribunales hayan declarado probados. En ningún caso procederá, sin embargo, la imposición de sanción administrativa por motivos ya sancionados por la autoridad judicial.
4. También se pondrán en conocimiento de la autoridad judicial los actos de desobediencia o desacato respecto a las resoluciones administrativas u órdenes dictadas en ejecución de esta Norma.
Las detentaciones privadas de bienes del dominio público viario, por prolongadas que hayan sido en el tiempo, carecerán de todo valor obstativo frente a la titularidad pública de dicho dominio.
1. La Administración Foral y los Ayuntamientos tienen el deber y el correlativo derecho de investigar la situación de los bienes que se presuman pertenecientes al dominio público viario, a cuyo efecto podrán recabar de los particulares, organismos y entidades de toda naturaleza cuantos datos e informes consideren precisos.
2. Las citadas Administraciones podrán además proceder de oficio a la práctica de los correspondientes deslindes administrativos.
Los deslindes se practicarán previa publicación y con audiencia de las personas que acrediten la condición de interesados.
3. Tras el deslinde se procederá siempre al amojonamiento de los bienes deslindados.
1. Las Administraciones titulares de carreteras y caminos disponen de la facultad administrativa de recuperación posesoria sobre los bienes del dominio público viario.
2. La recuperación posesoria, y el desahucio o desalojo de quienes ocupen sin título administrativo bastante bienes de dominio público viario, se decretará por la Administración de oficio o a instancia de parte, sin necesidad de previa audiencia y, en caso de resistencia activa o pasiva, se ejecutará de forma coactiva.
Cuando para la recuperación posesoria sea preciso la retirada, derribo o destrucción de cierres, instalaciones u otros elementos indebidamente colocados o construidos, la Administración procederá a realizarlo sin necesidad de expediente contradictorio y sin que el particular pueda reclamar ninguna clase de daños o perjuicios por ello.
Tampoco se requerirá expediente contradictorio ni dará lugar a indemnización alguna la adopción de las medidas que resulten precisas para impedir la utilización de nuevos accesos directos a una carretera abiertos sin la debida autorización.
4. La potestad administrativa de recuperación posesoria y las consiguientes facultades referidas en los apartados anteriores no prescriben, por lo que las actuaciones referidas podrán llevarse a cabo en cualquier tiempo.
5. Los gastos que se originen por dichas actuaciones serán de cuenta del responsable de la indebida ocupación o apertura del acceso.
1. Se declara la utilidad pública a efectos de su expropiación de todos los terrenos y bienes de titularidad privada colindantes con las carreteras y situados a ambos lados de las mismas en una anchura de 8 (ocho) metros en las carreteras de la Red de Interés Preferente (Red Roja) y en las autopistas, autovías y vías rápidas y de 3 (tres) metros en las restantes carreteras medidos a partir del borde o línea exterior de la explanación.
2. Se declara así mismo la utilidad pública a efectos de su expropiación de los siguientes terrenos y bienes:
3. La necesidad concreta e individualizada de ocupación de los bienes y derechos señalados habrá de declararse por la Administración expropiante en la forma y con los trámites previstos en la legislación reguladora de la expropiación forzosa.
La Administración municipal podrá incorporar a su red de caminos públicos caminos particulares o tramos determinados de los mismos mediante expropiación previa declaración por el Pleno de la Corporación de su utilidad pública y de su necesidad de ocupación.
1. La Diputación de Guipúzcoa queda facultada para proceder a la retirada sin indemnización ni previo aviso de cualquier clase de publicidad sita en las zonas de dominio público de las carreteras.
2. La Diputación queda así mismo facultada para proceder a la retirada de la publicidad visible desde las carreteras, previo requerimiento al propietario del terreno.
A los efectos previstos en el artículo 23 y concordantes de esta Norma Foral, los Anteproyectos, a escala no menor de l/2.000 y los Proyectos de Trazado a que se refieren otras leyes y normas de carreteras se considera tienen el carácter de Proyectos Previos.
Los caminos construidos por la Administración en reposición de otros anteriormente existentes quedarán de titularidad del Municipio o particulares titulares del camino o caminos repuestos.
1. A efectos de esta Norma Foral se entiende por borde o línea exterior de la calzada la arista exterior de la parte de la carretera pavimentada y destinada a la circulación de los vehículos automóviles.
En los caminos se entenderá por borde o línea exterior de la calzada la arista exterior de la zona pavimentada cuando ésta exista.
2. Por borde o línea exterior de la explanación se entiende la arista de intersección con el terreno natural de los taludes de desmonte o terraplenes de la carretera o camino y, en su caso, de los paramentos exteriores de sus obras de fábrica y sus cimentaciones.
En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u obras similares se tomará como borde o línea exterior de la explanación la línea de proyección vertical del borde de las obras sobre el terreno. Cuando el terreno natural esté al mismo nivel que la carretera o camino, el borde o línea exterior de la explanación será la línea exterior de la cuneta o, si ésta no existiera, la situada a 50 centímetros medidos desde la línea exterior del pavimento.
Cuando se trate de caminos no pavimentados, el borde o línea exterior de la explanación será el de la zona de tránsito.
3. Las distancias a que se hace referencia en esta Norma Foral se medirán siempre en horizontal y perpendicularmente al eje de la carretera o camino.
1. La presente Norma Foral no será de aplicación en los o tramos de la carretera A-8 pendientes de traspaso por vigencia de los actuales contratos de concesión estatal en tanto no se transfiera la competencia sobre los mismos.
2. Hasta tanto no se dicte una legislación específica para las carreteras en régimen de concesión administrativa, las concesiones que pudieran otorgarse para carreteras en Guipúzcoa se regirán por la normativa del Estado para las autopistas de peaje.
En tanto los Ayuntamientos no procedan a la clasificación de sus carreteras, el régimen de las mismas será el establecido para las carreteras de la Red Local Amarilla.
1. Las solicitudes de autorización presentadas con anterioridad a la vigencia de esta Norma Foral se resolverán conforme a la normativa en vigor en el momento de su presentación.
2. En lo referente a infracciones administrativas cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta Norma, su resolución se ajustará a lo dispuesto en la normativa más favorable para sus responsables.
1. Queda derogada la Norma Foral 12/1988, de 15 de Diciembre, sobre Aplicación Transitoria de la Normativa del Estado a las Carreteras del Territorio Histórico de Guipúzcoa y sustituidas, en el ámbito del Territorio Histórico, las siguientes Leyes y disposiciones:
2. Queda asimismo derogada la Norma Foral 18/1993, de 17 de Noviembre, reguladora de las Tasas por la prestación de servicios y otras actuaciones en materia de Carreteras.
1. La Diputación Foral de Guipúzcoa queda facultada para dictar el Reglamento General o la normativa parcial que estime conveniente para la ejecución, aplicación y desarrollo de esta Norma.
Las disposiciones de desarrollo podrán introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas en el Título VI que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones ni alterar la naturaleza o límites de las que la Norma contempla, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes.
2. Los Ayuntamientos podrán también dictar las Ordenanzas que estimen precisas en defensa de sus carreteras y caminos con respeto siempre a lo dispuesto en esta Norma.
3. Se autoriza además a la Diputación Foral para actualizar mediante Decreto Foral las cuantías de las sanciones fijadas por la presente Norma.
1. La presente Norma Foral no afecta a la vigencia de las normas técnicas de proyecto y de ejecución de obras y a las de señalización, tráfico y seguridad vial de obligado cumplimiento en Guipúzcoa en virtud de tratados internacionales o de leyes del Estado o la Comunidad Autónoma.
2. Como normativa supletorio de lo previsto en esta Norma Foral se estará a lo dispuesto en la legislación que regula los bienes de titularidad pública en Guipúzcoa.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de esta Norma la Diputación Foral remitirá a las Juntas Generales el Plan Territorial de Carreteras de Guipúzcoa junto con el proyecto de Norma Foral para su aprobación.
Sin perjuicio de la competencia de la Diputación Foral para su actualización, el Catálogo de las Carreteras de la Diputación Foral de Guipúzcoa será el que figura en el ANEXO de esta Norma.
Las carreteras no incluidas en dicho Catálogo, salvo los tramos de la Autopista A-8 pendientes de traspaso y el de la Carretera N-121- A, actualmente administrado por el Gobierno Foral de Navarra, son de titularidad y competencia municipal y su administración y conservación corresponde al Ayuntamiento del término municipal por el que transcurren.
Omitido
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