REAL DECRETO 1337/1999, de 31 de julio, POR EL QUE SE REGULA LA REMISION DE INFORMACION EN MATERIA DE NORMAS Y REGLAMENTACIONES TECNICAS Y REGLAMENTOS RELATIVOS A LOS SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

 

La Directiva 83/189/CEE, del Consejo, de 28 de marzo, modificada por la Directiva 88/182/CEE, del Consejo, de 22 de marzo, reguló un procedimiento de información en materia de normas y reglamentos técnicos nacionales, relativos a los productos de fabricación industrial y a los productos agrícolas, incluidos los productos pesqueros.

Estas directivas fueron incorporadas al ordenamiento jurídico español en virtud del Real Decreto 568/1989, de 12 de mayo.

La Directiva 94/10/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de marzo, modificó por segunda vez la Directiva 83/189/CEE, introduciendo importantes modificaciones.

La Directiva 94/10/CE fue incorporada al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio, que derogó el Real Decreto 568/1989, de 12 de mayo, y unificó en un solo texto, por razones de claridad y economía normativa, toda la regulación en la materia.

Esta unificación se ha realizado a nivel comunitario a través de la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, que derogó las Directivas 83/189/CEE, 88/182/CEE y 94/10/CE, así como las diferentes decisiones que figuran en el anexo III de la misma. Se trata de un texto refundido de los textos anteriores sin modificaciones sustanciales. Al disponer con anterioridad nuestro país de un texto unificado, no ha sido preciso incorporar la Directiva 98/34/CE a nuestro ordenamiento jurídico interno.

Finalmente, la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, modifica por primera vez la Directiva 98/34/CE y amplía su campo de aplicación a los reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información.

Por las mismas razones aducidas en 1995, ha parecido conveniente al incorporar al ordenamiento jurídico nacional la Directiva 98/48/CE, unificar en un solo texto el contenido de las Directivas 98/34/CE y 98/48/CE, y derogar el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio.

Las citadas disposiciones, dirigidas a eliminar o reducir los obstáculos a los intercambios comerciales de productos de fabricación industrial y de productos agrícolas, incluidos los pesqueros, así como a la libre prestación de servicios de la sociedad de la información dentro del territorio comunitario, que puedan derivarse de las normas, de las reglamentaciones técnicas y de los reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, se concretan en la implantación de mecanismos de comunicación y transparencia que permitan a la Comisión Europea y a los Estados miembros estar informados de las medidas que vayan a ser adoptadas en el ámbito interno de cada Estado miembro y disponer, además, de un período de tiempo suficiente para formular observaciones y proponer modificaciones a las mismas, fundadas en el principio de libre circulación de mercancías y libre prestación de servicios.

A tal efecto, el presente Real Decreto regula la obligación del organismo español de normalización de comunicar a la Comisión Europea, a los organismos europeos de normalización y a los organismos nacionales de normalización de los demás Estados miembros, con la periodicidad y los requisitos exigidos por la Directiva 98/34/CE, los programas de normalización establecidos y los proyectos de normas que pretendan adoptar.

Asimismo, se instrumenta la comunicación previa a la Comisión Europea de los proyectos de reglamentos técnicos y de los reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información que las Administraciones públicas se propongan aprobar. Dada la pluralidad de órganos públicos que ostentan competencias para dictarlos, se canalizará a través de una instancia única, la Comisión Interministerial para Asuntos de la Unión Europea, la comunicación de proyectos y el intercambio de información con la Comisión Europea.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Administraciones Públicas, de Asuntos Exteriores, de Fomento y de Industria y Energía, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 31 de julio de 1999,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Real Decreto tiene por objeto regular la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, a la Comisión Europea y, en su caso, a los organismos de normalización enumerados en los anexos I y II a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio.

2. Las disposiciones de este Real Decreto no serán aplicables:

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos del presente Real Decreto se entenderá por:

Artículo 3. Información sobre normas y programas de normalización.

1. El organismo español de normalización informará a la Comisión Europea y a los organismos de normalización, mencionados en los anexos I y II, de los nuevos ámbitos sobre los que haya decidido, mediante la inclusión en su programa de normalización, establecer una norma o modificarla, salvo que se trate de la transposición idéntica o equivalente de una norma internacional o europea.

2. La información a que se refiere el apartado anterior indicará, en particular, si la norma en cuestión es una transposición no equivalente de una norma internacional, si es una nueva norma nacional o si constituye una modificación de una norma nacional.

3. El organismo español de normalización:

4. Las Administraciones públicas se abstendrán de todo acto de reconocimiento, homologación o utilización por referencia de una norma nacional adoptada vulnerando lo dispuesto en este artículo.

Artículo 4. Limitaciones en materia de normalización.

1. Durante la elaboración por los organismos europeos de normalización de una norma europea, a propuesta de la Comisión Europea, o con posterioridad a su aprobación, el organismo español de normalización no emprenderá acción alguna que pueda perjudicar la armonización buscada por la misma y no publicará en el sector en cuestión una norma nacional nueva o revisada que no sea enteramente conforme a una norma europea existente.

2. El apartado anterior no se aplicará a los trabajos del organismo español de normalización que se emprendan a petición de las Administraciones públicas con la finalidad de elaborar, para determinados productos, especificaciones técnicas o una norma con el propósito de establecer un reglamento técnico para dichos productos.

3. Las Administraciones públicas comunicarán a la Comisión Europea como proyecto de reglamento técnico, y siguiendo el procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 5, las peticiones a que se refiere el apartado anterior, e indicarán los motivos que justifiquen su establecimiento.

Artículo 5. Notificación de los proyectos de reglamentos técnicos y de reglamentos relativos a los servicios.

1. Las Administraciones públicas, a través de la Comisión Interministerial para Asuntos de la Unión Europea, creada por Real Decreto 1567/1985, de 2 de septiembre, notificarán a la Comisión Europea en los términos del artículo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, todo proyecto de reglamento técnico y de reglamento relativo a los servicios, indicando las razones por las cuales es necesaria su adopción, a menos que se deduzcan del propio proyecto. No obstante, cuando se trate de una mera transposición íntegra de una norma internacional o europea, será suficiente una simple información referente a dicha norma.

Asimismo, se acompañará el texto de las disposiciones legales y reglamentarias en que se fundamenta de modo principal y directo, cuando el conocimiento de dichas disposiciones sea necesario para apreciar el alcance del proyecto de reglamento técnico o de reglamento relativo a los servicios, salvo que ya se hubieran remitido con ocasión de una notificación anterior.

2. Las Administraciones públicas procederán, en las condiciones anteriormente establecidas, a una nueva notificación cuando aporten al proyecto de reglamento técnico o de reglamento relativo a los servicios, modificaciones que afecten de forma significativa al ámbito de aplicación, reduzcan el calendario inicialmente previsto, añadan especificaciones o requisitos, o hagan que estos últimos sean más estrictos.

3. En particular, cuando el proyecto de reglamento técnico o de reglamento relativo a los servicios, tenga por objeto limitar la comercialización o la utilización de una sustancia, un preparado o un producto químico, por motivos de salud pública o de protección de los consumidores o del medio ambiente, las Administraciones públicas comunicarán asimismo, bien un resumen, o bien los datos pertinentes relativos a la sustancia, al preparado o al producto de que se trate y los relativos a los productos de sustitución conocidos y disponibles, siempre y cuando se disponga de dicha información, así como los efectos esperados de la medida en lo que respecta a la salud pública, la protección del consumidor o del medio ambiente, con un análisis de riesgo realizado, en los casos adecuados, según los principios generales para la evaluación de riesgos de los productos químicos contemplados en el apartado 4 del artículo 10 del Reglamento (CEE) 793/93, del Consejo, de 23 de marzo, sobre evaluación y control de las sustancias existentes, en este caso, o en el artículo 3 del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, en el caso de las nuevas sustancias.

4. Cuando un proyecto de reglamento técnico o de reglamento relativo a los servicios, forme parte de una medida cuya comunicación, en la fase de proyecto, esté prevista por actos comunitarios, las Administraciones públicas podrán efectuar la notificación regulada en este Real Decreto con arreglo a ese otro acto, siempre que se indique formalmente que dicha notificación es válida también a los efectos del artículo 5.1 del presente Real Decreto.

5. La información a que se refiere este artículo no será confidencial a menos que lo solicite expresamente, motivándolo, la Administración pública remitente.

El carácter confidencial de la información a que se refiere el párrafo anterior no impedirá que las Administraciones públicas puedan consultar, con todas las precauciones necesarias, a personas físicas o jurídicas, que podrán pertenecer al sector privado, para que emitan un dictamen pericial.

Artículo 6. Remisión a la Comisión Europea.

1. La Comisión Interministerial para Asuntos de la Unión Europea podrá recabar de las Administraciones públicas remitentes, los datos o informaciones adicionales que resulten necesarios, así como proponer modelos de documentos para conseguir la homogeneización de la información que ha de ser remitida a la Comisión Europea.

2. La Secretaría de la Comisión Interministerial remitirá a la Comisión Europea, los proyectos de reglamentos técnicos o de reglamentos relativos a los servicios recibidos, acompañados en cada caso de los documentos a los que se hace referencia en el artículo 5 y en el apartado anterior.

La remisión habrá de realizarse en el plazo de un mes contado desde la recepción del proyecto y la información complementaria en la Secretaría de la Comisión Interministerial.

Artículo 7. Actuaciones posteriores a la remisión.

1. La Secretaría de la Comisión Interministerial comunicará a la correspondiente Administración pública, de forma inmediata, la fecha de recepción del proyecto por la Comisión Europea y trasladará cualquier observación o dictamen razonado que hayan formulado la referida Comisión o los Estados miembros, respecto a los proyectos de reglamentos técnicos o de reglamentos relativos a los servicios, notificados conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. La Administración autora del proyecto informará a la Secretaría de la Comisión Interministerial del curso que tenga intención de dar a tales dictámenes razonados para su traslado a la Comisión Europea. Cuando se trate de reglamentos relativos a los servicios, la Administración autora del proyecto indicará, en su caso, los motivos por los que los dictámenes razonados no pueden tenerse en cuenta.

Respecto a las observaciones, dicha Administración las tendrá en cuenta, en la medida de lo posible, en el momento de la elaboración del texto definitivo, de lo cual informará igualmente a la citada Secretaría.

2. En cualquier momento, las Administraciones públicas podrán solicitar de la Secretaría de la Comisión Interministerial información sobre la situación de los proyectos que le hayan sido remitidos.

3. Las Administraciones públicas, una vez adoptado el texto definitivo de un reglamento técnico o de un reglamento relativo a los servicios, lo enviarán sin demora a la Secretaría de la Comisión Interministerial para su remisión a la Comisión Europea.

4. Por otra parte, las Administraciones públicas, a través de la Secretaría de la Comisión Interministerial para Asuntos de la Unión Europea, podrán formular observaciones y emitir dictámenes razonados, respecto a los proyectos de reglamentos técnicos o de reglamentos relativos a los servicios, notificados por los otros Estados miembros, en el plazo de tres meses a partir de la fecha de recepción de los mismos por la Comisión Europea.

5. Con objeto de facilitar la formulación de las observaciones y dictámenes razonados antes mencionados, la Secretaría de la Comisión Interministerial comunicará a las Administraciones públicas la relación de los nuevos proyectos de reglamentos técnicos o de reglamentos relativos a los servicios, notificados por los Estados miembros a la Comisión Europea, en el plazo de un mes a partir de la fecha de recepción de los mismos por la Comisión Europea.

6. Las observaciones y dictámenes razonados formulados por las Administraciones públicas por lo que se refiere a las especificaciones técnicas, otros requisitos o a los reglamentos relativos a los servicios contemplados en el artículo 2, apartado 12.c), sólo podrán referirse a los aspectos que pudieran constituir un obstáculo para los intercambios y no a los de carácter fiscal o financiero de la medida. Por lo que respecta a los reglamentos relativos a los servicios, no podrán constituir un obstáculo a la libre prestación de los mismos o a la libertad de establecimiento de los prestadores de servicios.

Por lo que respecta a los proyectos de reglamentos relativos a los servicios, los dictámenes razonados de las Administraciones públicas no podrán afectar a las medidas de política cultural, en particular en el ámbito audiovisual, que los demás Estados miembros pudieran adoptar, de conformidad con el derecho comunitario, habida cuenta de su diversidad lingüística, de las especificidades nacionales y regionales y de sus patrimonios culturales.

Artículo 8. Aplazamientos.

1. Las Administraciones públicas aplazarán la adopción de un proyecto de reglamento técnico o reglamento relativo a los servicios, durante tres meses a partir de la fecha de recepción por la Comisión Europea de la notificación a que se refiere el artículo 5.

2. No obstante, el aplazamiento a que se refiere el apartado anterior será de:

3. Las obligaciones mencionadas en los apartados 2.b) y 2.c) cesarán cuando:

4. Los apartados 1 y 2 de este artículo no serán de aplicación cuando:

Artículo 9. Referencia a disposiciones.

Cuando las Administraciones públicas aprueben un reglamento técnico o un reglamento relativo a los servicios de la sociedad de la información, éstos incluirán una referencia a la Directiva 98/34/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, y en su caso a la Directiva 98/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de julio, así como a este Real Decreto.

DISPOSICION ADICIONAL UNICA. Exenciones.

1. Lo dispuesto en los artículos 5 y 8 no será de aplicación a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, o a los acuerdos voluntarios a través de los cuales las Administraciones públicas:

2. El artículo 8 no se aplicará a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas de las Administraciones públicas destinadas a prohibir la fabricación, en la medida en que no obstaculicen la libre circulación de productos.

3. Los apartados 2.b), 2.c) y 3 del artículo 8 no serán aplicables a los acuerdos voluntarios a que hace referencia el artículo 2, apartado 12.b).

4. El artículo 8 no se aplicará a las especificaciones técnicas u otros requisitos ni a los reglamentos relativos a los servicios contemplados en el artículo 2, apartado 12.c).

DISPOSICION  DEROGATORIA UNICA. Derogación normativa.

Quedan derogados el Real Decreto 1168/1995, de 7 de julio, por el que se regula la remisión de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. Modificación de los anexos.

Se autoriza a los Ministros de Asuntos Exteriores y de Administraciones Públicas a modificar, mediante Orden conjunta, los anexos del presente Real Decreto, cuando tal modificación venga exigida por actos o disposiciones de las instituciones de la Comunidad Europea.

SEGUNDA. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 5 de agosto de 1999.

Dado en Palma de Mallorca a 31 de julio de 1999.

JUAN CARLOS R.

El Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia,
FRANCISCO ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

ANEXO I. ORGANISMOS EUROPEOS DE NORMALIZACION

ANEXO II. ORGANISMOS NACIONALES DE NORMALIZACION

1 El UNI y el CEI, en cooperación con el Istituto Superiore delle Poste e Telecomunicazioni y el Ministerio dell`Industria, han atribuido al Concit (Comitato Nazionale di Coordinamento per le Tecnologie dell`Informazione) los trabajos que deban realizar dentro de la ETSI.

(Anexo redactado de conformidad con la ORDEN PRE/3278/2007)

ANEXO III. ORGANISMO ESPAÑOL DE NORMALIZACION

ANEXO IV.

Lista indicativa de los servicios no cubiertos por el apartado 2 del artículo 2:

ANEXO V.

Lista indicativa de los servicios financieros contemplados en el apartado 2.e) del artículo 1:

Estos servicios incluyen, en particular:

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