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En lo concerniente a la acción administrativa en materia de infraestructuras y transporte, se modifica la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, disponiendo que el plazo para resolver y notificar la aprobación definitiva del expediente de información pública, así como del Estudio informativo será de seis meses, a contar desde la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental en el «Boletín Oficial del Estado» o desde la terminación del periodo de información pública.
(…)
Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras:
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, que quedan redactados de la siguiente forma:
«Artículo 8.
1. La aprobación de los proyectos de carreteras estatales implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres.
2. La declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación se referirá también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del proyecto y en las modificaciones de obras que puedan aprobarse posteriormente».
Se modifica el apartado 4 del artículo 10 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, que queda redactado de la siguiente forma:
«4. Con independencia de la información oficial a que se refieren los apartados anteriores, se llevará a cabo, en la forma prevista en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, un trámite de información pública durante un período de treinta días hábiles. Las observaciones en este trámite deberán versar sobre las circunstancias que justifiquen la declaración de interés general de la carretera y sobre la concepción global de su trazado.
La aprobación del expediente de información pública corresponde al Ministro de Fomento.
El plazo para resolver y notificar la aprobación definitiva del expediente de información pública así como del Estudio Informativo será de seis meses a contar desde la correspondiente publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Declaración de Impacto Ambiental, si ésta fuese necesaria, o desde la terminación del periodo de Información Pública, o de la prórroga a que hace referencia el apartado 1 de este artículo, si ésta fuese posterior.»
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