Subsección 2.ª Prerrogativas y derechos de la Administración

Artículo 232. Prerrogativas y derechos de la Administración.

1. Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y con los efectos señalados en esta Ley, el órgano de contratación o, en su caso, el órgano que se determine en la legislación específica, ostentará las siguientes prerrogativas y derechos en relación con los contratos de concesión de obras públicas:

• a) Interpretar los contratos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
• b) Modificar los contratos por razones de interés público debidamente justificadas.
• c) Restablecer el equilibrio económico de la concesión a favor del interés público, en la forma y con la extensión prevista en el artículo 241.
• d) Acordar la resolución de los contratos en los casos y en las condiciones que se establecen en los artículos 245 y 246.
• e) Establecer, en su caso, las tarifas máximas por la utilización de la obra pública.
• f) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, instalaciones y locales, así como la documentación, relacionados con el objeto de la concesión.
• g) Asumir la explotación de la obra pública en los supuestos en que se produzca el secuestro de la concesión.
• h) Imponer al concesionario las penalidades pertinentes por razón de los incumplimientos en que incurra.
• i) Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la obra pública en los términos que se establezcan en la legislación sectorial específica.
• j) Imponer con carácter temporal las condiciones de utilización de la obra pública que sean necesarias para solucionar situaciones excepcionales de interés general, abonando la indemnización que en su caso proceda.
• k) Cualesquiera otros derechos reconocidos en ésta o en otras Leyes.

2. El ejercicio de las prerrogativas administrativas previstas en este artículo se ajustará a lo dispuesto en esta Ley y en la legislación específica que resulte de aplicación.

En particular, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos de interpretación, modificación, nulidad y resolución, cuando se formule oposición por parte del concesionario, en las modificaciones acordadas en la fase de ejecución de las obras que puedan dar lugar a la resolución del contrato de acuerdo con el artículo 226.2 y en aquellos supuestos previstos en la legislación específica.