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En la concesión administrativa de servicios podrá delegar el órgano de la Administración facultades de policía en el empresario, pero sin que ello perjudique los poderes generales de Inspección y vigilancia que incumban a aquél.
Contra los actos dictados por el empresario ejerciendo tales facultades podrá recurrirse en todo caso ante la Administración concedente.
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