 |
|
La disposición adicional primera de la Ley de Contratos del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril, faculta al Ministerio de Hacienda a proponer al Gobierno las disposiciones reglamentarias que fueran precisas para el cumplimiento de esta Ley.
Dentro de estas facultades, resulta conveniente dictar las normas conducentes a la reorganización de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, con el fin de que pueda cumplir debidamente los cometidos que le asigna aquella Ley y su Reglamento.
Creada por el Decreto 239/1960, de 4 de febrero, como órgano consultivo de la Administración dependiente del Ministerio de Hacienda, la Junta ha visto ampliadas sus competencias por la promulgación de distintas normas, siendo actualmente el órgano consultivo de la Administración del Estado y sus Organismos autónomos en materia de contratación, desarrollando al propio tiempo una importante actividad como es el Registro de Contratos y la clasificación de contratistas de obras del Estado y de empresas consultoras y servicios, además de la elaboración y propuesta al Gobierno de los índices oficiales de revisión de precios de los contratos de obra.
Los cambios producidos en la Administración desde la entrada en vigor del Decreto 315/1971, de 18 de febrero, y su modificación llevada a cabo por el Real Decreto 2651/1982, de 24 de septiembre, sobre régimen orgánico y funcional de la Junta Consultiva, aconsejan promulgar este Real Decreto en el que se establece en un texto único la composición y competencias de los distintos órganos colegiados integrados en la Junta, cuya regulación se encuentra actualmente dispersa en distintas normas, y se incluye en la Comisión Permanente y en las Comisiones de Clasificación de Contratistas de Obras y de Empresas Consultoras y de Servicios a distintos Departamentos ministeriales que anteriormente no participaban en las mismas, sin que la unificación afecte al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado al estar regulada su composición en el Decreto-ley 2/1964, de 4 de febrero. También se incluye en la nueva regulación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa la posibilidad de que las Comunidades Autónomas y las Entidades locales puedan solicitar informe de la misma, toda vez que ello es una consecuencia del principio de colaboración entre las Administraciones Públicas que puede hacerse especialmente conveniente en razón a las especificidades técnicas de la normativa básica del Estado en materia de contratos administrativos.
Afectando la reforma que ahora se produce a la casi totalidad de los artículos del Decreto 315/1971, de 18 de febrero, con la redacción dada a determinados de ellos por el Real Decreto 2651/1982, de 24 de septiembre, ha parecido más conveniente, desde un punto de vista de técnica jurídica, la promulgación de un nuevo Real Decreto, que la modificación parcial de la normativa actualmente en vigor.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda previo informe favorable de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, previa aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 18 de enero de 1991, dispongo:
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda, tiene el carácter de órgano consultivo de la Administración del Estado de sus Organismos autónomos y demás Entes públicos estatales, en materia de contratación administrativa y ejerce, además, las funciones que la legislación vigente le atribuye en orden a la clasificación de los contratistas, a la elaboración de los índices oficiales a efectos de la revisión de precios en los contratos y respecto del Registro de Contratos.
Es competencia de la Junta:
La Junta podrá actuar en Pleno, en Comisión Permanente, en Secciones, en Comisiones de Clasificación y en Comité Superior de Precios.
El Pleno estará compuesto por los siguientes miembros:
La Junta conocerá en Pleno de aquellos asuntos y expedientes que, después de haber sido objeto de consideración por la Comisión Permanente o por las Secciones, estime el Presidente que deban serlo por aquél en razón de su importancia.
La Comisión Permanente tendrá como función el conocimiento de aquellos asuntos y expedientes que sean de carácter general o afecten a más de un Departamento ministerial y estará formada por los siguientes miembros:
Las Secciones conocerán de aquellos asuntos y expedientes no atribuidos al Pleno o a la Comisión Permanente y estarán constituidas por los siguientes miembros:
1. La Comisión de Clasificación de Contratistas de Obras estará compuesta del siguiente modo:
2. La Comisión de Clasificación de Contratistas de Obras tendrá la competencia que se determina en el Libro II, Título primero, Capítulo primero, del Reglamento General de Contratación.
1. La Comisión de Clasificación de Empresas Consultoras y de Servicios estará compuesta del siguiente modo:
2. La Comisión de Clasificación de Empresas Consultoras y de Servicios tendrá la competencia que se determina en el Real Decreto 609/1982, de 12 de febrero.
El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado tendrá la composición y competencias señaladas en el Decreto-ley 2/1964, de 4 de febrero.
Son funciones de los Presidentes de los órganos colegiados a que se refieren los artículos anteriores ostentar su representación, presidir las reuniones y dirigir las deliberaciones así como ejecutar sus acuerdos y ejercer las demás funciones que les están atribuidas de conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Los Vocales de los distintos órganos colegiados deberán tener especial preparación y competencia en materia de contratación administrativa, y serán sustituidos en casos de ausencia, vacante, enfermedad, abstención o recusación del titular, por sus respectivos suplentes, nombrados del mismo modo que los titulares.
Con el fin de mantener una adecuada coordinación de la Junta con los órganos de contratación de los Departamentos ministeriales, los Vocales de aquélla les facilitarán el conocimiento de sus informes y criterios.
En el supuesto de ausencia del Presidente o, en su caso, del Vicepresidente, se procederá de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Asistirán a las reuniones de los órganos colegiados integrados en la Junta los asesores técnicos que designe el Secretario, que participarán en las reuniones con voz y sin voto.
La Secretaría de la Junta está adscrita orgánicamente a la Dirección General del Patrimonio del Estado, con el rango de Subdirección General.
El Secretario de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa será el Jefe de la Secretaría y tendrá a su cargo las funciones siguientes:
El Secretario de la Junta será auxiliado y sustituido por un Vicesecretario que será nombrado por el Ministerio de Economía y Hacienda.
La Secretaría de la Junta tendrá a su cargo la ordenación y archivo de la documentación de la Junta y la preparación de los antecedentes necesarios e informes de orden técnico y administrativo sobre los asuntos que deban ser sometidos a la consideración de los órganos colegiados integrados en la Junta.
La convocatoria del Pleno Comisión Permanente, Secciones, Comisiones de Clasificación y Comité Superior de Precios, así como su régimen de constitución, de adopción de los acuerdos y de celebración de las sesiones se acomodará a lo dispuesto en el capítulo II del título primero de la Ley de Procedimiento Administrativo.
La Junta emitirá sus informes a petición de los Subsecretarios y Directores generales de los Departamentos ministeriales, Presidentes y Directores generales de Organismos autónomos y Entes públicos, Interventor general de la Administración del Estado y los Presidentes de las organizaciones empresariales representativas de los distintos sectores afectados por la contratación administrativa.
Igualmente podrán solicitar informes de la Junta los titulares de las Consejerías de las Comunidades Autónomas y los Presidentes de las Entidades locales.
Los informes se trasladarán a los órganos que los hubieren solicitado, por conducto del Presidente de la Junta. Cuando este considere que revisten interés general, los pondrá también en conocimiento de los órganos de contratación.
Sin perjuicio de ello, los órganos de contratación y las organizaciones empresariales representativas de los distintos sectores de la contratación administrativa podrán elevar a la Junta mociones en materia de su específica competencia, que serán informadas por la Secretaría de la Junta y sometidas al Presidente de la Comisión Permanente, por si estima que el interés del tema planteado justifica su consideración por el órgano correspondiente de la Junta. En caso contrario, la Secretaría trasladará su informe al órgano remitente.
Para el ejercicio de la competencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 2.° del presente Decreto, la Comisión Permanente de la Junta, a propuesta de cualquiera de sus miembros, acordará que por la Secretaría se proceda a la elaboración de un anteproyecto de la disposición general correspondiente.
Aprobado el anteproyecto por la Comisión Permanente y, en su caso, por el Pleno, el Presidente de la Junta propondrá al Ministro de Economía y Hacienda la iniciación del procedimiento a que se refiere el capítulo primero del título IV de la Ley de Procedimiento Administrativo.
En los supuestos en que el asunto sobre el que se solicita informe de la Junta le sean aplicables criterios mantenidos de manera reiterada en dictámenes acordados anteriormente, el informe podrá ser emitido por el Presidente de la Comisión Permanente, a propuesta del Secretario, sin necesidad de ser sometido a la consideración del órgano colegiado competente.
Cuando la Comisión Permanente de la Junta acuerde realizar encuestas e investigaciones sobre la contratación administrativa, designará de entre sus miembros una ponencia, dirigida por el Secretario, que rendirá informe en el plazo que se establezca sobre los extremos señalados en el acuerdo de la Comisión.
Para el desempeño de su cometido, la ponencia tendrá acceso a los órganos y servicios de contratación afectados por la encuesta o investigación, que deberán facilitar los datos, documentos o antecedentes que aquélla les reclame, salvo que tengan carácter secreto o reservado.
A la vista del informe de la ponencia, la Comisión Permanente y, en su caso, el Pleno de la Junta, a propuesta en ambos casos de su Presidente, podrá acordar la elaboración de las recomendaciones que considere pertinente dirigir a los órganos de contratación o resolver lo que proceda.
La Memoria anual de la Junta será elaborada por la Secretaría, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 339 del Reglamento General de Contratación del Estado, en base a los informes y conclusiones que se emitan por los órganos integrados en la Junta, así como a los datos que ofrezca el Registro de Contratos.
El proyecto de Memoria se trasladará a los Vocales al objeto de que puedan presentar las observaciones que estimen convenientes.
A la entrada en vigor de este Real Decreto quedarán derogadas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a lo que en el mismo se establece y, en particular, el artículo 304 del Reglamento General de Contratación del Estado, el Decreto 315/1971 de 18 de febrero, el artículo 15 del Real Decreto 609/1982, de 12 de febrero, y el Real Decreto 2651/1982, de 24 de septiembre.
Dado en Madrid a 18 de enero de 1991.-
JUAN CARLOS R.-
El Ministro de Economía y Hacienda,
Carlos Solchaga .
 |
 |
 |