Artículo 14.
Las carreteras quedarán bajo la exclusiva competencia y
responsabilidad de cada organismo administrador correspondiéndole a éste su
planificación, proyecto, construcción, conservación, mantenimiento, señalización, uso
y explotación, así como, si fuese necesario, la ampliación del número de sus calzadas
o carriles de circulación, acondicionamiento de su trazado, ensanches de plataforma,
mejoras de firme o de cualquier otra parte integrante de la carretera, ejecución de
variantes o de obras de embellecimiento o de adaptación al medio ambiente en la zona de
dominio público.
El Gobierno de Canarias, por razón de los principios de
eficacia, economía, descentralización y máxima proximidad a los ciudadanos, y de
conformidad con lo previsto en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas de Canarias, podrá delegar con carácter excepcional en
los respectivos Cabildos Insulares, previa propuesta de la Consejería competente, el
ejercicio de todas o algunas de las competencias descritas en el párrafo anterior, con
las excepciones contempladas en el artº. 10.2 de la citada Ley.
No serán delegables en los Cabildos funciones normativas
de planificación y coordinación en relación con carreteras de interés regional, ni la
de fijar las directrices de coordinación y planificación general en materia de
carreteras.
