Artículo 78.

1. Las infracciones tipificadas en el artículo anterior serán consideradas leves, graves o muy graves. Tendrán el carácter de leves las que no ocasionen daños en la carretera y sus elementos funcionales, no supongan riesgos para la seguridad de la circulación rodada y peatonal y no se aprecie en ellas la intención de causar daños a la vía o sean legalizables. Serán consideradas de carácter grave las que afecten a la seguridad de esa circulación, entrañen daños sobre la carretera o sus elementos funcionales o conste intencionalidad por parte del infractor. Serán faltas muy graves las que impliquen riesgos ciertos e inmediatos para la integridad de las personas que se sirven directa o indirectamente de la vía o supongan reiteración o reincidencia por parte del infractor (artº. 40.1 L.C.C.).

2. El procedimiento para sancionar las infracciones a los preceptos de la Ley 9/1991, de Carreteras de Canarias, se iniciará de oficio como consecuencia de denuncia. Las denuncias de los particulares sólo podrán dar lugar a la incoación del oportuno expediente sancionador cuando se formulen por escrito y en ellas conste inequívocamente los datos personales y el domicilio del denunciante.

En las denuncias se harán constar, siempre que sea posible, la fecha, hora y lugar en que se produjo o advirtió el hecho denunciado, la entidad del daño con apreciación aproximada, si lo hubo, y, además, cuantos otros datos y circunstancias puedan aportarse a efectos de prueba, conocimiento y calificación de la infracción cometida.

A los efectos del procedimiento sancionador, la ratificación de los Agentes de la Autoridad, y de los funcionarios, camineros y demás personal afecto al servicio de la carretera harán fe, salvo prueba en contrario, de los hechos constatados en las denuncias formuladas por ellos.

3. El procedimiento sancionador se adaptará a lo prescrito en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. En los supuestos en que los actos cometidos contra la carretera o sus elementos pudieran ser constitutivos de delito o falta, el titular de la misma pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente (artº. 40.4 L.C.C.).

5. En los casos en que sea de urgencia la reparación del daño sufrido por la carretera para devolverla a sus condiciones de normal servicio, el titular de la misma procederá a su inmediata reparación, pasando seguidamente el coste de la misma al causante de los daños para su abono, todo ello de conformidad con el procedimiento siguiente (artº. 40.5 L.C.C.):

• El Organismo titular de la carretera pasará el importe detallado del gasto al causante del mismo para su abono en un plazo no superior a quince días.
• En caso de impago se actuará por la vía administrativa de apremio de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de recaudación del Gobierno de Canarias.
• Si la reparación del daño no fuera urgente se requerirá al causante del mismo para que lo repare en un plazo que no podrá ser superior a un mes, debiendo dejar la carretera o sus elementos en las mismas condiciones en que se hallaba al producirse el daño, y, en caso de incumplimiento en el plazo señalado en la comunicación, el titular de la vía procederá como en el caso de que la reparación de los daños fuera urgente.