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1. La Diputación Foral y los Ayuntamientos tienen el deber y el correlativo derecho de investigar la situación de los bienes que se presuman pertenecientes al dominio público viario, a cuyo efecto podrán recabar de particulares, organismos y entidades de toda naturaleza cuantos datos e informes consideren precisos.
2. Las citadas Administraciones podrán además proceder de oficio a la práctica de los correspondientes deslindes administrativos.
Los deslindes se practicarán previa publicación y con audiencia de las personas que acrediten la condición de interesadas.
3. Tras el deslinde se procederá siempre al amojonamiento de los bienes deslindados.
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