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La facultad para celebrar contratos corresponde a los legítimos representantes del Organismo, según su ley constitutiva, pero necesitarán autorización previa para aquéllos de cuantía superior a 10.000.000 de pesetas.
La autorización será adoptada, a propuesta de dichos Organismos, por los Jefes de los Departamentos ministeriales de que dependan o por el Consejo de Ministros, según las competencias definidas en la Ley de Contratos del Estado (Disposición Final segunda a), LCE).
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