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La Constitución Española (CE), en el apartado 1, número 5, del artículo 148, prevé la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan asumir competencias en materia de carreteras cuyo itinerario transcurra íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma, y, de la misma manera, el transporte realizado por este medio. Asimismo, el artículo 149.1.24 CE reserva al Estado la competencia exclusiva sobre obras públicas cuyo interés general o realización afecte a más de una Comunidad Autónoma y, en el número 13 del mismo apartado y artículo, atribuye al Estado la competencia exclusiva en relación con las bases y con la coordinación de la planificación general de la actividad económica.
Por otra parte, el artículo 10.5 de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en la nueva redacción que le dan las Leyes Orgánicas 9/1994, de 24 de marzo, y 3/1999, de 8 de enero, establece que la Comunidad Autónoma de las Illes Balears asume la competencia exclusiva en materia de carreteras.
Por el Real Decreto 1527/1984, de 1 de agosto, se transfirieron a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears funciones de la Administración del Estado en materia de carreteras, así como también los medios personales, materiales y presupuestarios necesarios para su ejercicio, competencias que asumió y distribuyó la Comunidad Autónoma mediante la aprobación del Decreto 87/1984, de 30 de agosto. El 24 de mayo de 1990, el Parlamento de las Illes Balears aprobó la Ley 5/1990, de Carreteras.
El principio de máxima proximidad a los ciudadanos como criterio rector del ejercicio de las competencias públicas en el ámbito de las Illes Balears, implica, en el proceso actual de redistribución de los campos de actuación de los entes administrativos y, de acuerdo con las prescripciones del artículo 39.9 del Estatuto de Autonomía, la atribución a los Consejos Insulares de la función ejecutiva y la gestión en materia de carreteras y caminos, que hasta ahora asumía la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
En virtud de todo ello, y a propuesta de la Comisión Técnica Interinsular en el Parlamento de las Illes Balears, de acuerdo con lo que prescriben la disposición transitoria quinta del Estatuto de Autonomía y el artículo 49 de la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de Consejos Insulares, ha sido oportuno aprobar esta Ley de transferencias en materia de carreteras.
Constituye el objeto de esta Ley la atribución de la función ejecutiva y la gestión, así como la función inspectora y sancionadora en materia de carreteras, a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera, en su ámbito territorial, y con carácter de propias, de acuerdo con lo que disponen el apartado 9 del artículo 39 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y los artículos concordantes de la legislación sobre Consejos Insulares.
Se atribuye a los Consejos Insulares la titularidad de las carreteras, que hasta ahora correspondía a la Administración de las Illes Balears. Así, los Consejos Insulares deben ejercer, con relación a éstas todas las funciones ejecutivas y de gestión que tenía atribuidas la Administración autonómica en esta materia, con excepción de las potestades genéricas y específicas determinadas en el artículo 3 y aquellas que corresponden a la Administración General del Estado, en virtud de un título de competencias concurrente.
En todo caso, y sin que pueda entenderse como enumeración exhaustiva, corresponde a los Consejos Insulares:
1. El Gobierno y la Administración de las Illes Balears se reservan las potestades y las actuaciones siguientes:
2. Con carácter extraordinario, y a instancia del Gobierno de las Illes Balears, los Consejos Insulares quedan obligados a ejecutar y gestionar aquellas vías de comunicación consideradas de alto interés estratégico para el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con los instrumentos que prevé la Ley de ordenación del territorio, que, en estos supuestos, deben contener fórmulas específicas de colaboración entre la Administración autonómica y la de los Consejos Insulares.
1. En el ejercicio de las competencias que atribuye esta Ley, los Consejos Insulares deben ajustar su funcionamiento al régimen que en ella se establece, así como en la normativa general en materia de procedimiento administrativo y en la legislación emanada del Parlamento de las Illes Balears que les sea aplicable o, subsidiariamente, en la legislación estatal.
2. En el ejercicio de las funciones y actuaciones que les son atribuidas, los Consejos Insulares deben regirse por las disposiciones de la Ley autonómica en materia de carreteras, por las disposiciones reglamentarias del Gobierno de las Illes Balears y también por la legislación sectorial, autonómica o estatal que, en su caso, les sea aplicable.
3. Los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera tienen potestad reglamentaria para regular su organización y funcionamiento propios.
1. Se crea la Conferencia Sectorial en Materia de Carreteras, como estructura permanente de colaboración, para la deliberación en común de los entes implicados sobre la materia objeto de esta transferencia con la finalidad de:
2. La Conferencia Sectorial en Materia de Carreteras debe estar integrada por el Consejero autonómico en la materia, quien debe presidirla, y por los consejeros competentes respectivos de cada Consejo Insular.
3. La Conferencia debe reunirse, como mínimo, una vez al año y cuando lo solicite, al menos, una de las instituciones representadas o lo determine su Presidente. A las reuniones pueden asistir los técnicos que cada una de las instituciones participantes considere oportunos.
4. La Conferencia Sectorial en materia de carreteras debe ejercer únicamente funciones deliberantes, consultivas y de propuesta. La fijación de una posición común, que debe obtenerse por unanimidad de todos los implicados, debe adoptar la forma de recomendaciones.
No obstante, y de manera excepcional, tiene carácter vinculante la propuesta prevista en el punto 2.a) de la disposición adicional novena de esta Ley.
5. La Conferencia Sectorial en Materia de Carreteras debe elaborar y aprobar su reglamento de funcionamiento.
1. El Gobierno de las Illes Balears, cuando la actividad o el servicio transcienda el ámbito de los intereses propios de los Consejos Insulares y, además, la actividad o el servicio insular incida en los intereses de la Comunidad Autónoma o los condicione de manera relevante, puede fijar, en el ejercicio de su potestad normativa, directrices de coordinación de las funciones transferidas, que serán vinculantes para los Consejos Insulares.
2. Cuando el Gobierno de las Illes Balears, en el supuesto señalado en el punto anterior, inicie el procedimiento de elaboración de directrices para la coordinación de las competencias transferidas, el Consejero autonómico competente en la materia debe convocar la Conferencia Sectorial en Materia de Carreteras.
La Conferencia Sectorial en Materia de Carreteras, para conseguir el consenso de las instituciones implicadas, debe deliberar sobre las medidas de coordinación propuestas por el Gobierno de las Illes Balears, los criterios generales que deben informarlas, y también los objetivos y las prioridades de actuación y debe emitir las recomendaciones que considere oportunas.
Se transfieren a los Consejos Insulares, y bajo su capacidad organizativa, las plazas que se indican en el anexo I de esta Ley.
1. Se traspasa a los Consejos Insulares la titularidad de las carreteras que se señalan en el apartado primero del anexo II de esta Ley.
2. Se traspasan a los Consejos Insulares los bienes inmuebles afectos a las carreteras transferidas, que deben identificarse en las actas que de ellos se extiendan. En particular, se traspasan:
3. Se traspasan a los Consejos Insulares los vehículos y la maquinaria señalados en el apartado tercero del anexo II. La comisión paritaria que se cree para hacer efectivo el traspaso debe identificar estos bienes y hacer su correspondiente inventario.
4. Se traspasan a los Consejos Insulares el mobiliario, el material de oficina y los equipos necesarios para el cumplimiento de las funciones traspasadas. La comisión paritaria que se cree para hacer efectivo el traspaso, debe elaborar un inventario detallado de estos bienes.
5. Los inventarios de los bienes muebles que se ponen a disposición de los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera deben especificarse en el acta de entrega que deben formalizar los Presidentes de los Consejos Insulares respectivo y el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes del Gobierno de las Illes Balears.
1. Se traspasan a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera los expedientes de contratación en tramitación y los contratos en ejecución afectados por el traspaso, con sus anualidades correspondientes. Así, los Consejos se subrogan en los derechos y en las obligaciones que surjan en relación con los expedientes de contratación y con las obras iniciadas, incluido, en su caso, el pago de las indemnizaciones que puedan surgir de expedientes de expropiación.
La comisión paritaria que se cree para hacer efectivo el traspaso debe identificar estos expedientes y debe realizar el inventario correspondiente que debe especificarse en el acta de entrega que han de formalizar los Presidentes de los Consejos Insulares respectivos y el Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes del Gobierno de las Illes Balears.
2. A pesar de lo que se señala en el punto anterior, se podrán concertar acuerdos bilaterales específicos de colaboración para la gestión y liquidación de aquellas obras en fase de contratación ya iniciadas en el momento del traspaso.
(Artículo derogado por la LEY 3/2014)
Por acuerdo entre el Gobierno de las Illes Balears y el Consejo Insular correspondiente, se creará una comisión paritaria cuya misión será hacer efectivo el traspaso de la documentación y de los medios personales y materiales que esta Ley determina, así como garantizar que los expedientes en trámite se resuelvan en los plazos establecidos en la legislación vigente.
1. Los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera se subrogan, a partir de la efectividad de la atribución de competencias que prevé esta Ley, en los derechos y en las obligaciones de la Administración de las Illes Balears relativos a las competencias atribuidas en esta norma.
2. A partir de la fecha de efectividad de la atribución de las competencias descritas en esta Ley, las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en materia de carreteras deben substanciarse ante la Administración insular pertinente, la cual debe hacerse cargo del pago que corresponda.
1. Los funcionarios y el personal laboral de la Comunidad Autónoma, procedentes de la Administración General del Estado o de otro organismo o institución pública, o que hayan ingresado directamente, que con la atribución de competencias a los Consejos Insulares sean traspasados a éstos, mantendrán los derechos que les corresponden, incluido el de participar en los concursos de traslado que convoque la Comunidad Autónoma, en igualdad de condiciones que el resto de los miembros de la misma categoría o del mismo Cuerpo, para que puedan mantener así el derecho permanente de opción.
2. El personal laboral fijo de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears que a causa de la atribución de competencias a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera sea traspasado, y que en el momento de la entrada en vigor de esta Ley esté afectado por un proceso de funcionarización, mantendrá su derecho a continuar participando en este proceso, con el compromiso de los Consejos Insulares de asumir el cambio de relación jurídica que resulte de la resolución del citado proceso.
Será gratuita la publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» de los anuncios, los acuerdos y demás documentos exigidos por el ordenamiento jurídico, como consecuencia del ejercicio, por parte de los Consejos Insulares, de las competencias atribuidas por esta Ley.
Los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Eivissa y Formentera se subrogan en los bienes, los derechos y las obligaciones que hasta ahora correspondían a la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, en relación con los bienes que se señalan en el anexo II de esta ley.
1. Queda modificado el primer párrafo del punto 2 del artículo 5 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, que pasa a tener la siguiente redacción: «La titularidad de las redes primaria y secundaria corresponde a los Consejos Insulares».
2. Queda sin contenido el punto 4 del artículo 19 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo. En el supuesto de conflictos entre el organismo titular o gestor de la carretera y uno o más Ayuntamientos afectados, las discrepancias deben plantearse ante la Conferencia Sectorial en Materia de Carreteras. Únicamente en el supuesto de que no se pueda llegar a un acuerdo en el seno de la misma, la aprobación definitiva del estudio, anteproyecto o proyecto corresponderá al Gobierno de las Illes Balears.
3. Queda modificado el punto 2 del artículo 23 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de manera que donde decía: «No obstante, en las travesías cuya explotación corresponda a la Comunidad Autónoma o al Consejo Insular...», pasa a decir: «No obstante, en las travesías cuya explotación corresponda al Consejo Insular...».
4. Queda modificado el punto 3 del artículo 23 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de manera que donde dice: «En caso de discrepancia entre una u otra Administración resolverá el Consejo de Gobierno o el Pleno del Consejo Insular según la red de que se trate», pasa a decir: «En caso de discrepancia entre una y otra Administración, la resolverá el Pleno del Consejo Insular».
5. Queda modificado el punto 2 del artículo 24 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo, de manera que donde dice: «Las tarifas deben aprobarse por el Consejo de Gobierno o por el Pleno del Consejo Insular que ostente la titularidad», pasa a decir: «Las tarifas deben ser aprobadas por el Pleno del Consejo Insular que tenga la titularidad».
6. Queda sin contenido el punto 2 del artículo 45 de la Ley 5/1990, de 24 de mayo. Dado que en esta Ley se transfieren la función inspectora y sancionadora en materia de carreteras, corresponden a los Consejos Insulares, en su ámbito territorial, la instrucción de expedientes y la imposición de sanciones a través de los órganos que el Pleno de cada Consejo Insular determine en el reglamento orgánico correspondiente. En todo caso, la imposición de sanciones muy graves es competencia del Pleno.
7. Queda sin contenido el punto 1 de la disposición adicional primera de la Ley 5/1990, de 24 de mayo. En el supuesto de conflictos entre las Administraciones responsables de competencias relativas a las carreteras de las Illes Balears, las discrepancias deben plantearse ante la Conferencia Sectorial en Materia de Carreteras. Únicamente en el supuesto de que no se pueda llegar a un acuerdo en el seno de la misma, resolverá el conflicto el Gobierno de las Illes Balears, oídas todas las partes implicadas.
(Disposición derogada por la LEY 3/2014)
(Disposición derogada por la LEY 3/2014)
(Disposición derogada por la LEY 3/2014)
(Disposición derogada por la LEY 3/2014)
1. A partir del 1 de enero de 2015 los consejos insulares pasarán a ser titulares de las carreteras cuya titularidad pertenece al Gobierno de las Illes Balears, con excepción de las indicadas en los apartados 2 y 3 de la presente disposición, y, en consecuencia, ejercerán las correspondientes funciones normativas, ejecutivas y de gestión dentro de su ámbito territorial, dada la competencia propia de los consejos insulares en materia de carreteras y caminos reconocida en el artículo 70.15 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears. No obstante, el Gobierno de las Illes Balears continuará con la tramitación de los siguientes expedientes de contratación:
La finalización de los contratos a que se refieren las letras a) y b) anteriores se comunicará al consejo insular a partir de la devolución de la garantía, y la finalización del contrato a que se refiere la letra c) a partir de la formalización del acta de recepción de las obras, en el plazo máximo de quince días.
2. La titularidad de la prolongación de la PM-1 desdoblamiento Palmanova-Peguera, que integra la doble calzada viaria, los viales de servicio y el resto de elementos auxiliares, pasará a ser del Consejo Insular de Mallorca, mientras que la titularidad de la vía pasarela ajardinada de tránsito para peatones y bicicletas, incluida en el mismo contrato de obras, pasará a ser del Ayuntamiento de Calvià; en ambos casos, una vez comprobada por el Gobierno de las Illes Balears la enmienda de las deficiencias detectadas en la ejecución del contrato, se comunicará al Consejo Insular de Mallorca y al Ayuntamiento de Calvià en el plazo máximo de quince días. (Apartado redactado de conformidad con la LEY 14/2018)
3. El Gobierno de las Illes Balears mantendrá la titularidad de las carreteras del nuevo acceso al aeropuerto de Ibiza y del desdoblamiento de Ibiza a Sant Antoni a los únicos efectos de la financiación, el mantenimiento y la conservación de la vía, incluida, en su caso, la responsabilidad patrimonial de la Administración de la comunidad autónoma, hasta la finalización de los correspondientes contratos de concesión de obra pública, y sin perjuicio que durante su vigencia puedan ser traspasadas, previo acuerdo, al Consejo Insular de Ibiza. El Consejo Insular de Ibiza ejercerá el resto de funciones normativas, ejecutivas y de gestión inherentes a su competencia en materia de carreteras y caminos.
4. Corresponde al Gobierno de las Illes Balears continuar con la tramitación de los expedientes de expropiación iniciados por razón de la construcción de las carreteras indicadas en los apartados anteriores de esta disposición, y asumir los pagos correspondientes.
(Disposición derogada por la LEY 3/2014 y llenada de contenido por la LEY 13/2014)
Corresponde a la Administración de las Illes Balears la competencia para resolver los recursos administrativos contra los actos dictados por sus órganos con anterioridad a la entrada en vigor de la transferencia, a pesar de que el recurso se interponga con posterioridad.
La Comunidad Autónoma debe rendir cuentas a los Consejos Insulares de la resolución que, en su caso, se dicte del recurso cuando afecte a su ámbito territorial.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo que establece esta Ley o la contradigan.
Se faculta al Gobierno de las Illes Balears para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de esta Ley.
Se fija el día 2 de enero de 2002 como fecha de efectividad de la atribución de competencias que dispone esta Ley.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de haberse publicado en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.
Palma, 14 de diciembre de 2001.
ANTONI GARCÍES I COLL, FRANCESC ANTICH I OLIVER,
Consejero de Presidencia Presidente
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